El video muestra una imagen es brutal. Un carro blindado de carabineros embiste a velocidad a un manifestante chileno aplastando su cuerpo contra otro vehículo de la misma fuerza. El furioso nivel de represión del gobierno de Piñera a dos meses de que la sociedad civil se movilizara contra la desigualdad del sistema chileno no decae. Ni las denuncias registradas por los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos pueden detener a una policía que no reconoce límites a la violencia desatada desde el Estado chileno.

La directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) confirmó que el caso sucedió en la avenida Alameda, en el centro de Santiago.

El manifestante ingresó a las 20:30 al Hospital de Urgencia Asistencia Pública de Santiago con politraumatismos y fractura de pelvis,  actualmente se encuentra «consciente y sin riesgo vital”, informaron desde el centro médico.

Medios chilenos informan que la Fiscalía Centro Norte formalizará la denuncia contra el cabo de Carabineros, Mauricio Carrillo Castillo, como autor del delito de lesiones graves. El intendente de Santiago, Felipe Guevara, previo al hecho alertaba a los ciudadanos que iban a usar la fuerza pública disponible, declaró como si no fuera consciente de la violencia de la represión: “Buscaremos aclarar las causas, el contextos en el que ocurrió el atropello y sobre todo, seguiremos trabajando en restablecer el orden público, sin más civiles ni policías heridos”.

Por otra parte, el diputado Gabriel Ascencio, jefe de la bancada DC, anunció  llamará a declarar a Guevara para que explique la estrategia policial de cercar la Plaza Italia y sus alrededores. En su cuenta de Twitter escribió: “Este lunes oficiaré a @FelipeGuevaraSt para que nos señale cuáles fueron las razones para impedir hoy el libre tránsito y el derecho a reunirse de las personas en Santiago. También que nos entregue el plan de @Carabdechile en Plaza Italia. Nos deberá dar muy buenas explicaciones”.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó el 13 de diciembre que la policía violó los derechos humanos en múltiples ocasiones al hacer un uso «excesivo o innecesario» de la fuerza. Constataron torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, disparos a los ojos. Unas 28.000 personas fueron detenidas, de las cuales 1.610 siguen privadas de su libertad.

Esta semana el Parlamento, modificó el artículo constitucional que impedía llamar a un referendum para modificar la constitución, sin embargo, los manifestantes siguen en las calles, aunque con menor cobertura mediática, pues desconfían de los acuerdos politcos.