Hoy se cumplen 74 días de la desaparición de Santiago Maldonado. El miércoles pasado, durante un debate entre candidatos, Elisa Carrió dijo al respecto: «Estoy investigando. No sé todavía qué pasó. Pero hay un 20% de posibilidades de que esté en Chile, con el Rim (sic, en referencia al RAM)». Por supuesto, no presentó ninguna evidencia sobre sus dichos. Hace rato que Carrió sabe que la tele no exige pruebas para reproducir una barbaridad.

Lo de la candidata no fue el disparate aislado de una postulante en campaña. Sus palabras están en línea con las maniobras que desde hace dos meses y medio ejecuta el gobierno para exculpar a la Gendarmería y criminalizar a la posible víctima de una desaparición forzada. Carrió, que suele jactarse de su conocimiento del derecho, debe recordar que el encubrimiento también es un delito penal.

El mismo miércoles, mientras la legisladora sembraba pistas sin sustento en la tele, otra canallada se multiplicaba en las redes sociales. Decenas de miles de cuentas viralizaron una foto de Sergio Maldonado en el recital de U2, con leyendas que lo acusaban de haber utilizado la búsqueda de su hermano para «ver el concierto desde un palco vip». La verdad, por supuesto, era bien distinta. Bono, líder del grupo y miembro de Amnesty International, invitó a la familia al evento para realizar una acción en reclamo de la aparición con vida de Santiago. Sergio participó de la acción –que incluyó una junta de firmas– y se retiró del estadio a poco de iniciado el show. Sin embargo, la acusación falsa en su contra aún circula por las redes.

Dos días antes, el especialista en redes Luciano Galup detectó una mano negra en otra campaña sucia contra la familia de Santiago. Se trató del hashtag #SergioDóndeEstáTuHermano, que buscó explotar otra información falsa: que la familia había ocultado pertenencias del joven a la Justicia. Lo que ocurrió, en realidad, fue exactamente lo opuesto: la familia ofreció entregar distintas pertenencias –que ya habían sido peritadas– al nuevo juez del caso, Gustavo Lleral, con la esperanza de acelerar una bochornosa pesquisa plagada de sospechosas impericias.

Galup pudo comprobar que apenas 20 cuentas contribuyeron con el 18% de los tuits que viralizaron el hashtag. «Veinte cuentas que hicieron 837 tweets en 2HS», precisó. La sospecha es que se trató de la acción de «trolls» –usuarios falsos– contratados para realizar una campaña sucia que coincide con la estrategia y el relato oficial.

¿Quién los contrató?

La antigua Carrió, aun con menos elementos, seguro hubiese presentado una denuncia judicial para que algún juez o fiscal investigue si se utilizaron fondos públicos para financiar la campaña infame contra la familia de Santiago. Parece que ya no. Cambió. «