El caso del fiscal platense Fernando Cartasegna es sin duda el escándalo más extravagante de la historia judicial argentina. Porque, en principio, la clave de los falsos ataques que dijo haber padecido entre el 1 y el 3 de mayo, junto al tiroteo no menos apócrifo del 18 de aquel mes frente a su hogar en la localidad de Gonnet, está depositada en el campo de la Psiquiatría. Por lo pronto, el abogado Julio Beley confirmó a Tiempo Argentino que en la tarde del viernes su cliente fue internado en una clínica frenopática. Eso sitúa a las autoridades ante un dilema jurídico: ¿qué diablos hacer ahora para mantener la validez de las causas instruidas por un fiscal desquiciado?

Sin embargo, el asunto es aun más complejo por su carácter orgánico y extendido hacia una notable cadena de complicidades dentro de la UFI Nº 4 de La Plata, acéfala desde la forzada «licencia» de su polémico titular, puesto que la impostura de su martirio –cuya pesquisa ya de por sí reconoce un trabajo colectivo de ciertos funcionarios y empleados suyos– puso al descubierto un cúmulo de irregularidades. A saber: la desaparición de dinero, drogas y otros objetos de valor secuestrados en distintos procedimientos, causas frenadas de manera antojadiza, elementos de prueba sin rótulo (o sea, no incorporados a sus respectivos expedientes) y, tal vez lo más espeluznante desde el punto de vista simbólico, el presunto extravío de los once cuerpos –con 2200 fojas– del expediente sobre el asesinato policial en 1993 de Miguel Bru. En definitiva, un patrón de conducta que por su alevosa desprolijidad se podría caratular de «corrupción sin amor propio».

El 4 de mayo se prestó a la requisitoria periodística un atildado joven de barba y gafas tipo Michael Jackson que acababa de visitar a Cartasegna en su domicilio a solo 24 horas de su puesta en escena más atrevida: aparecer en su despacho atado como un matambre junto a la palabra «Nisman» escrita con azúcar. Se trataba del secretario letrado, Leandro Milone.

La jauría de movileros le preguntaba al unísono:

–¿Con qué ánimo lo vio al fiscal?

Y la respuesta fue:

–Estaba un poco bajo. El doctor está muy preocupado. Porque esto fue un mensaje por las causas que llevamos adelante.

En aquellas horas Cartasegna aún era para la opinión pública una deidad republicana. Y Milone, su vocero.

Hoy, en cambio –ya desafectado de sus tareas en la UFI Nº 4–, está bajo sospecha, tanto por su presunta complicidad en la simulación de los ataques al fiscal, como por las irregularidades procesales ya descriptas. Y comparte esa embarazosa situación con el auxiliar letrado Juan Valdés y la empleada Estela Lavalle, a cargo de la mesa de entradas. Tampoco es envidiable el presente del empleado Matías Romero, señalado por el jefe de la custodia del edificio de las fiscalías como la persona que dejó en el baño los panfletos con la leyenda «Conozca al próximo Nisman». 

Cabe recordar que, al ser reportado eso en las oficinas de Cartasegna, la señora Lavalle dijo que ellos «arreglarían el tema», con el claro propósito de diluir el incidente y evitar una denuncia al respecto.

Dicho sea de paso, mientras trascendían las disfunciones administrativas y procesales, se completaba el peritaje de la Gendarmería sobre los panfletos contra Cartasegna, con un resultado lapidario: estos fueron diseñados, escritos e impresos en su propia fiscalía.

A esta altura resulta plausible suponer que el vaso comunicante entre la delirada dramaturgia de los ataques contra el fiscal y sus trapisondas judiciales era construirse una imagen de héroe solitario, de mártir que no se amilana ante los crueles embates de las mafias, al que ninguna autoridad en sus cabales se atrevería auditar su precioso trabajo.

Una auténtica novela negra en clave bizarra. De hecho, una empleada de la UFI N°4 aseguró en sede judicial que, ya con Cartasegna de licencia, vio el expediente del caso Bru, y que después, al hacer otro relevamiento en el mismo sitio, ya no estaba allí. Y a eso se le agrega otro enigma digno de Edgar Allan Poe: en las últimas horas –según una fuente de la fiscalía– aparecieron ciertos legajos de aquella misma causa en lugares ya auditados previamente, como si alguien los estuviera devolviendo de a poco.

Tales anomalías sobrenaturales parecen haber sobrepasado la capacidad del fiscal Marcelo Romero, encargado de esclarecer este tema en particular, ya que días pasados trató sin éxito de declarar su incompetencia en tal pesquisa, aduciendo «20 años de relación» con el colega investigado.

Otros dos fiscales instruyen las denuncias por las causas frenadas y los objetos faltantes, mientras la titular de la UFI Nº1, Ana Medina, investiga los aprietes escenificados por el ahora paciente psiquiátrico, y el de la UFI Nº 3, Marcelo Martini, hace lo propio con el tiroteo imaginario de Gonnet.

Desde una perspectiva totalizadora, el affaire Cartasegna no es sino el rostro oculto y alocado de un sistema fiscal que –en su sano juicio– les exige a sus integrantes mano dura, acusar por las dudas y condenas sin pruebas. Una auténtica fábrica de culpables a escala industrial. «