Leonardo Jara, acusado de secuestrar a Candela, estaba ansioso por hablar. Era la segunda jornada del juicio en su contra, a principios de febrero, cuando aseguró ser inocente y estar a disposición de los fiscales, las defensas y los tres jueces. A regañadientes, Jara reconoció que tenía una reciente condena por “robo”. Y prefirió no responder más sobre ese expediente. “Por un robo y punto”, argumentó tajante. Tenía sus razones para no explayarse: Tiempo pudo saber que ese caso tiene grandes similitudes con el asesinato de la nena de 11 años.

 A dos meses y medio del comienzo del debate oral, la sombra de esa condena lo persigue. La semana pasada brindó su testimonio María Medina, quien en octubre de 2011 había resultado clave para la detención de Jara, luego de que le brindara al fiscal Marcelo Tavolaro datos precisos sobre las identidades falsas, los domicilios y los autos en los que se manejaba el sospechoso. Pero frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón, cuando tuvo que revalidar sus dichos, Medina ya no se mostraba tan segura ni certera. Ante la posibilidad de ir presa por falso testimonio, se quebró y reveló en qué condiciones declaró en el expediente.

 La mujer confesó que su hermano, Héctor Medina, era en realidad quien tenía la información de los movimientos de Jara, debido a que ambos integraban la misma banda. Pero como al momento del caso Candela, en agosto de 2011, los dos estaban prófugos, el hermano de María no podía declarar oficialmente. Entonces, el fiscal Tavolaro y su secretaria, Guillermina Rappazzo, resolvieron que la información aportada por Héctor Medina (a quien tendrían que haber detenido en el momento) fuera volcada en el expediente bajo la firma de su hermana. A las claras, una maniobra ilegal que deja contra las cuerdas a los dos funcionarios judiciales.

 Las fuentes indicaron que los fiscales del juicio Antonio Ferreras, Mario Ferrario y Pablo Galarza, están ultimando los detalles de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsificación de documentación pública contra Tavolaro y Rappazzo, quien en la actualidad es secretaria de una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Esta investigación podría recaer tanto en la Fiscalía General de Morón como en colegas de otra jurisdicción. Los funcionarios judiciales cuestionados podrían ser sometidos a juicio político y echados de la Justicia.

 Más allá de la suerte que tengan Tavolaro y Rappazzo, se abrió una serie de interrogantes sobre las circunstancias en que se dio la declaración trucha. Por un lado, la defensa de Jara instaló que un sector de la Bonaerense proveniente de La Matanza extorsionó a los hermanos Medina para que tiraran al azar un nombre y poder demostrar así resultados positivos en el caso Candela. De acuerdo a esta versión, Jara sería un “perejil”, como siempre lo sostuvo. Sin embargo, en el debate, ante la pregunta explícita de la fiscalía de si algún agente hostigó a los Medina para que declararan en tal sentido, la mujer lo negó, aunque no se descarta que haya tenido miedo de afirmarlo.

 La fiscalía pidió que Héctor Medina, quien está preso en el penal de Junín, sea convocado para declarar como testigo en el juicio, con la idea de confirmar los dichos de su hermana y agregar más información. Las defensas se opusieron porque el hombre no figura en el listado original de testigos. Los jueces Mariela Moralejo Rivera, Raquel Renée Lafourcade y Diego Bonanno resolverán este lunes si aceptan o rechazan el planteo.

 El robo original

 En un fallo condescendiente con los imputados, el TOC 4 de Mercedes condenó a Jara y a Medina a sólo 6 años y 8 meses de prisión por lo que consideró un “intento de robo”. Según se estableció, en la mañana del 23 de junio de 2011, 60 días antes del secuestro de Candela, un empresario que llevaba en auto a su hija a la escuela, en Moreno, fue interceptado por una Traffic blanca y tres delincuentes que simulaban ser policías de una brigada.

 El “intento de robo” no fue al voleo. “¿Vos sos el hermano de Ezequiel?”, preguntaron los asaltantes, apenas redujeron a la víctima. A pesar de la negativa del hombre, los agresores decidieron continuar con el interrogatorio en su casa, mientras la hija daba vueltas en la Traffic junto a otros integrantes de la banda.

 Atado a una silla, el empresario recibió una paliza frente a la mirada de su mujer. “Tu hermano, el policía, le hizo algo a uno de los nuestros”, le insistían los secuestradores, quienes repetían a cada rato: “Danos la plata, la droga y los fierros”, hasta que se convencieron de que el relato del matrimonio coincidía con el de la hija, que permanecía raptada a la distancia. Recién ahí, todos fueron liberados. Después se supo que la banda de Jara y Medina se había equivocado de persona, ya que querían “apretar” a otro vecino que no tardó en desaparecer del barrio.

 Las fuentes señalaron que Medina cayó preso años más tarde, en Misiones. Los funcionarios judiciales de Morón, que sabían que la justicia le seguía los pasos, nada tuvieron que ver con su detención. Más bien fue de casualidad. La policía misionera lo demoró por violencia doméstica y saltó su pedido de captura.

 Todas las hipótesis están abiertas y no se descarta que Medina haya negociado con Tavolaro y Rappazzo su fuga hacia al norte del país, a cambio de información relevante para la investigación. Incluso, algunas fuentes aventuraron que el sospechoso también pudo haber estado vinculado con el caso Candela.

 Peritaje de voz pendiente

«Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más… Que le pregunten al marido dónde dejó la guita», decía un hombre al otro lado del teléfono el 28 de agosto de 2011, cuando la búsqueda de Candela era una cruzada nacional. El mensaje lo recibió la tía y se filtró, seguramente para deslindar responsabilidades políticas de las autoridades, una vez que la nena de 11 años apareció muerta en un descampado de Hurlingham.

Las pericias practicadas sobre ese audio fueron realizadas por Gendarmería y según confirmaron los peritos en el juicio, pertenece a la voz de Jara. Sin embargo, el abogado defensor Adrián Corvalán cuestionó la prueba y propuso que la Policía Federal lleve adelante otro cotejo. Pero los especialistas de la fuerza de seguridad descartaron que la tecnología con la que cuentan dé precisiones en audios tan cortos. Por eso, el Ministerio Público Fiscal solicitó un nuevo peritaje a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que además cuente con el acompañamiento de científicos del Conicet.