Caso Maldonado: nueva injerencia del ministerio de Patricia Bullrich

El juez Lleral rechazó un pedido de cambio de carátula de "desaparición forzada" porque implicaría adelantar opinión, además le señaló al Ejecutivo que no es parte de la causa y afirmó que toma esta medida "en respeto de los principios republicanos en juego".
5 de Mayo de 2018

El gobierno nacional continúa interfiriendo en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante una represión de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia de Cushamen el 1 de agosto de 2017. Esta vez, el abogado del Ministerio de Defensa Fernando Soto pidió la modificación de la carátula de la causa al juez Gustavo Lleral, quien desestimó la presentación, basándose en que tal cambio “se encontraría abiertamente reñido con el principio constitucional de imparcialidad judicial”, y en que el Estado nacional “NO reviste la calidad de parte procesal legitimada en estos autos de conformidad con nuestra ley procesal”, remarcó el magistrado.

El titular del Juzgado N° 2 de Rawson rechazó el pedido en documento judicial del último viernes que hizo público el sitio Infobae, el juez Lleral afirmó que eliminar la sospecha de “desaparición forzada” implicaría un “adelantamiento de la opinión” en relación con “las hipótesis de la investigación y, por ello, un examen y valoración probatorios anticipado”. El magistrado expresó que “resulta jurídicamente imposible pronunciarme sobre el cambio de calificación jurídica a la que alude el letrado, ello en atención al estadio procesal que transita el expediente y a las medidas de prueba que se encuentran en proceso de ejecución”.

“En términos contundentes, el juez o es imparcial, o no es juez”, afirmó su posición Lleral, y fundamentó en que “frente a la existencia de pruebas en proceso de materialización, se encontraría abiertamente reñido con el principio constitucional de imparcialidad judicial, derivado de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”.

Pero el juez Lleral fue más tajante y le marcó al abogado del Ministerio de Seguridad que el Poder Ejecutivo no forma parte del caso, y señaló la negativa en mayúscula y subrayado: “NO reviste la calidad de parte procesal legitimada en estos autos de conformidad con nuestra ley procesal".

La presentación del ministerio a cargo de Patricia Bullrich tiene claros signos de presionar y dirigir los destinos de la investigación judicial, sin embargo se encontró con una respuesta que pondera el “respeto de los principios republicanos” y culmina diciendo: “Me encuentro constitucionalmente obligado a diferir el análisis y la decisión acerca de la pretensión exteriorizada por el representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, para el momento de pronunciarme sobre el mérito de la presente causa”.

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