Caso Mallo: piden investigar a policías por las falsas pericias

La pistola secuestrada en su casa no era la usada en el doble crimen de Unicenter.
30 de julio de 2016

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa del doble crimen de los colombianos de Unicenter, dictó la falta de mérito del ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, y de su amigo Leandro Giso. Ambos estuvieron prófugos varias semanas hasta que terminaron por entregarse a la justicia, sospechados de estar vinculados con el arma homicida. Tras una nueva pericia realizada por expertos de la Metropolitana, la Bonaerense y la Federal, la jueza ordenó liberarlos, aunque Mallo seguirá preso por otras denuncias, y pidió investigar a un comisario mayor de la Bonaerense y tres inspectores de la Federal.

En el fallo, la jueza también solicitó a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, respectivamente, que “evalúen la situación administrativa de los funcionarios involucrados”, a la vez que le planteó a Bullrich que considere adoptar “acciones que garanticen a través de certificaciones de calidad o auditorías externas, los procesos a través de los que se arriba a las conclusiones de las pericias practicadas por el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB)” que depende del jefe de la Federal, Néstor Roncaglia.

Tiempo reconstruyó que tras el secuestro de la pistola Tanfoglio calibre 40 de Giso, que estaba en la casa de Mallo, un sector de la Bonaerense presionó para vincularla con el doble crimen de 2008. Por esa razón, Arroyo Salgado ordenó investigar, en un expediente aparte, al comisario mayor Marcelino Cottier, quien habría convencido a funcionarios judiciales y del oficialismo de Cambiemos de que se trataba de la pistola utilizada en Unicenter.

La medida de la jueza también alcanzó a los inspectores Edgardo Ríos, Eduardo Manganelli y Matías Romero Alé, del SAIB, quienes habían confirmado que el arma de Giso era la homicida.
La pistola en cuestión fue secuestrada a principios de enero, cuando la policía y la justicia salió a cazar a los posibles encubridores de la fuga de los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schilacci, que purgaban su pena por el Triple Crimen de General Rodríguez en el penal de General Alvear.

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