Caso Rafael Nahuel: la investigación avanza entre la autoría del disparo y la responsabilidad de Bullrich

A dos meses del asesinato del joven mapuche, el juez a cargo no se detuvo durante la feria judicial.
27 de Enero de 2018

El operativo realizado hace dos meses en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, por prefectos del Grupo Albatros, para desalojar a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu (donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel), no fue ordenado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, sino por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y los funcionarios que la asisten en el "Comando Unificado" que creó el Gobierno para garantizar la seguridad de los eventos vinculados a la realización de la cumbre del G-20.

La cita internacional está prevista para finales de este año, pero ya tuvo su primera cumbre de ministros en el hotel Llao Llao, hace dos meses, durante los mismos días del primer desalojo, éste sí ordenado por Villanueva y ejecutado por efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional. El 25 de noviembre, dos días después de ese despliegue, el grupo de elite de Prefectura fue enviado a "rastrillar" la zona, que había sido recuperada por la comunidad mapuche el día anterior, y atacó a los ocupantes con balas de plomo. Pasadas las seis de la tarde, el joven Rafael Nahuel, de 22 años, recibió un balazo por la espalda, que ingresó por su glúteo, que se alojó en el tórax y que lo dejó sin vida poco después de la balacera.

La edad de los prefectos

Apenas el joven fue asesinado, Villanueva ordenó el secuestro de unas 22 armas de guerra que poseían los 20 prefectos que intervinieron en el operativo. De ese pelotón, hay ocho sospechados, y sólo se conoce la identidad de seis: Francisco Antonio Lezcano, Guillermo Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García. De acuerdo a fuentes judiciales, la lista de sospechosos, sobre quienes se cierra un círculo construido con los resultados de las pericias, revela un dato sorprendente: casi todos tienen 19, 20 y 21 años, una edad sumanente prematura para la conformación de un grupo de elite, creado originalmente para operaciones anti secuestro y maniobras anti terroristas. Los uniformados sospechosos, según pudo saber este diario, fueron velozmente trasladados a San Fernando, con autorización judicial. Desde entonces todos están lejos de la escena del crimen y tienen una edad menor a la del joven mapuche muerto.

Las órdenes salieron desde Gelly y Obes: Bullrich y Noceti, otras vez involucrados

La abogada Natalia Araya, que tiene a su cargo la representación de la familia, y que es querellante dentro del expediente, explicó a Tiempo Argentino, que ya tiene "descartado que la orden para los prefectos haya salido del juzgado: ya sabemos quiénes estaban al mando en esos días, y no eran uniformados de Prefectura, sino funcionarios del ministerio de Seguridad, que estaban al frente del Comando Unificado por el G-20".

Si bien la penalista se mostró cautelosa para nombrar a algún funcionario, poco después del crimen este diario reveló que la Casa Rosada había conformado una mesa de crisis encabezada por el jefe de Gabinete Marcos Peña, y compuesta por la titular de la cartera de Seguridad, su secretario de Cooperación de Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; el ministro de Justicia Germán Garavano, su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, la interventora del Instituto Nacional, Jimena Psathakis, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido. En el análisis de la cadena de mandos que funcionó en esos días, los funcionarios implicados son la ministra Bullrich, su secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el jefe de asesores Juan Pablo Noceti y el subsecretario Cané, entre otros. Los dos últimos también fueron mencionados en la causa que investiga la desaparición y posterior muerte del joven Santiago Maldonado, durante la represión desatada por Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, en la localidad de Esquel, el 1 de agosto pasado.

Siguen las pericias: el 29 de enero se conocerá el arma asesina

Dentro de la investigación que tiene Villanueva, las pericias sobre las pruebas no se detuvieron durante la feria judicial de verano. Un resultado concluyente se conocerá "el próximo 29 de enero", anticipó Araya. Para esa fecha el área de criminalística de la Policía de Río Negro definirá "si el proyectil que fue sacado del interior del cadáver de Nahuel coincide con las estrías de las armas que están secuestradas”. Según la abogada, hay armas reglamentarias de 9 milímetros, están las MP5 que usa Albatros, hay escopetas 12.70 y están las escopetas que tiran proyectiles de dispersión. “En total son 23 armas y tenemos mucha confianza en ese resultado para determinar al autor material del disparo, porque las armas están intactas y fueron secuestradas 40 minutos después de los hechos", detalló la querellante.

El dato no es menor, porque la identidad de cada arma está determinada por las estrías que tienen, y que quedan marcadas en cada proyectil. Durante los análisis realizados, los peritos concluyeron que la bala que terminó con la vida de Nahuel está intacta, con las estrías indelebles: un elemento determinante para el entrecruzamiento con las armas secuestradas.

Ante la virulencia que desató el Gobierno Nacional durante el asesinato del joven, la querella de la familia de Nahuel se mueve con absoluta cautela, aunque ya quedó demostrado dentro del expediente que la versión oficial que lanzaron Bullrich y Peña durante los días posteriores del crimen no se sostiene en los hechos. "Ya quedó demostrado en el expediente que los prefectos jamás recibieron un ataque de la población mapuche y tampoco hay asidero alguno para creer que dispararon balas de plomo para defenderse. En el terreno quedó demostrado todo lo contrario", detalló Araya, sobre el ingreso que hizo el juez Villanueva al terreno antes de Navidad. Desde el momento del asesinato, la mesa de diálogo que había articulado el Obispado de Bariloche había informado al juez que podía recorrer el lugar de los hechos cuando lo considerara necesario, pero el magistrado decidió peritar la zona hace un mes. "Se recuperaron vainas y proyectiles testigo, ya está terminada la pericia sobre las vainas y todavía se está llevando en el Instituto Balseiro y en el Centro Atómico de Bariloche el estudio de las muestras de pólvora en las manos de los prefectos, de Nahuel y de Lautaro Jones Huala", uno de los jóvenes que estaba en la toma, que es hermano de Facundo, el joven mapuche cuya extradición pide la justicia chilena, que lo vincula con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Autores materiales

Para la querella, el círculo sobre los responsables materiales está a un paso de cerrarse, aunque también hay un segundo capítulo vinculado a las responsabilidades políticas del asesinato. "Lo primero que tenemos que determinar es quien es el autor material que disparó. Al grupo ya lo tenemos determinado. Son ocho efectivos, pero igualmente hablamos de supuestos sospechosos y de manera potencial, porque queremos ir por terreno seguro. Una vez que tengamos todas las pericias, pediremos las imputaciones para los autores materiales e intelectuales", confió la letrada.
Si la semana que viene es identificado el responsable directo, la querella pedirá su imputación por homicidio calificado, que es castigado con cadena perpetua. "Si no determinamos al autor material, pero tenemos al grupo, la imputación será por homicidio en agresión y no en riña, porque no hubo enfrentamiento, un argumento que difundió el Gobierno, pero que se desmoronó durante la investigación. El resto de los sospechosos tendrán la responsabilidad de lo que les pueda competer, como respecto al procedimiento, donde utilizaron balas de entrada luego de haber dado la voz de alto", explicó Araya.

Ante las consultas de este diario, una fuente vinculada al expediente explicó que el juez Villanueva sigue al frente del expediente, a pesar de los cuestionamientos que sufrió por sus problemas de dedicación como magistrado subrogante de Bariloche. Si bien tiene a su cargo el juzgado de Neuquén, a fin de año el Consejo de la Magistratura le renovó la subrogancia sobre Bariloche, pero con dedicación exclusiva sobre la investigación del crimen de "Rafita". Con esa decisión sobre sus espaldas, Villanueva habilitó la feria judicial de verano para resolver quién mató a Nahuel, y quiénes impartieron las órdenes.

La fuente destacó que "más allá de que los prefectos están como sospechosos, se está respetando el derecho de la defensa de manera íntegra, para evitar futuros pedidos de nulidad. Ya fue echado por tierra el informe inicial de la cartera de Seguridad sobre la posibilidad de un enfrentamiento, y los sospechados están al tanto de todo, porque tienen una abogada dentro del expediente, que es notificada sobre el resultado de cada una de las pericias".

Autores políticos

La conclusión de la querella sobre la responsabilidad política del asesinato de Nahuel multiplica, y amplía, las sospechas que había anticipado este diario, sobre la posible aplicación de una resolución interna de la cartera de Seguridad "para desalojar a los miembros de esa comunidad mapuche por la fuerza y sin intervención del juez". Con los datos que surgen del expediente, el plan que había sido analizado por la "mesa de crisis", en realidad fue aplicado antes de su filtración, en medio de una virulenta interna del Gobierno sobre las formas para afrontar las consecuencias políticas del crimen del joven Nahuel, vecino mapuche de uno de los barrios más pobres de San Carlos de Bariloche.

Cómo está Villa Mascardi

En la actualidad, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu mantiene la ocupación pacífica del predio ubicado a orillas del Lago Mascardi, sobre una de las montañas linderas al espejo lacustre. La Mesa de Diálogo que había convocado la Iglesia, con aval del juez, sigue en funcionamiento y mantiene un cuarto intermedio hasta febrero. En la última reunión que mantuvieron sus miembros, la comunidad pidió que la Administración de Parques Nacionales habilite la mesa de co-manejo que funciona con otros grupos mapuches que habitan el Parque Nacional Nahuel Huapi, pero el organismo estatal se negó a retirar la denuncia por usurpación y sostiene que lo hará, cuando la comunidad se vaya del lugar. El desenlace penal de las investigaciones, podrían generar una nueva crisis dentro de Parques Nacionales, especialmente por las responsabilidades políticas que puedan surgir si el caso comienza a dilucidar quiénes apretaron el gatillo, quiénes ordenaron y quienes originaron la crisis.

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