Tras la tempestad no vuelve la calma, sino más bien la incertidumbre en el atomizado contexto político catalán. Las elecciones del pasado jueves señalan que la sociedad continúa inmersa en la dialéctica de dos bloques irreconciliables. Para colmo, si todavía no se ha formado gobierno es porque los independentistas están en condiciones de nombrar presidente a Carles Puigdemont, pero el exiliado exjefe de gobierno podría quedar detenido ni bien pise Cataluña. Mientras tanto, el Poder Judicial hizo nuevas imputaciones a la cúpula del Procés soberanista como una forma de responder al resultado de la urnas. Como para una serie de Netflix.

El partido de Puigdemont,  Junts Per Catalunya (JunstxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la izquierda anticapitalista de CUP conforman un bloque soberanista de una mayoría absoluta crucial. Entre los unionistas, Inés Arrimadas, del liberal Ciudadanos (C’s) se erige como la lideresa de la formación más votada en estas elecciones. La otra gran agrupación españolista es el Partido Socialista (PSC) de Miquel Iceta.

Los grandes perdedores de los comicios fueron los Comunes (marca catalana de Podemos y sus confluencias de Izquierda) y el Partido Popular (conservador unionista y en el gobierno de España), que hizo el peor resultado en su historia en Cataluña y quedó con apenas tres bancas. 

Esta nueva coyuntura electoral es un serio revés para Mariano Rajoy, quien suspendió la autonomía y llamó a elecciones anticipadas con la idea de debilitar al soberanismo. El problema ahora es que el independentismo mantiene intacta su mayoría absoluta y planea continuar con su hoja de ruta.

La posibilidad de volver a convocar a elecciones se complica dada la obligatoriedad de mantener al Ejecutivo catalán al menos un año por ser estas unas elecciones anticipadas. El bloque unionista tan sólo puede clamar por una supuesta victoria plebiscitaria, ya que el porcentaje de votos por los partidos abiertamente independentistas se sitúa en un 47,53% frente al 52,48% restante. Pero los Comunes, que a priori se oponen a la declaración unilateral de independencia, apoyan un referéndum pactado y vinculante y no está claro qué harían sus electores en caso de consulta. 

Aunque el soberanismo ha sido el claro vencedor todavía no se ha constituido un gobierno y no se esperan grandes avances hasta pasadas las fiestas. JxCat y ERC ya están en campaña para ejercer presión sobre el Ejecutivo de Rajoy con el objetivo de exigirle un diálogo «bilateral y sin condiciones previas acerca del asunto de la independencia». Rajoy declaró que «se muestra abierto a cualquier diálogo que se sitúe dentro del marco de la ley» y ha asegurado que «le gustaría reunirse con Inés Arrimadas, que es quien ha ganado estos comicios». 

Desde Ciudadanos, ante la frustración de no poder formar gobierno, llaman a la calma. Arrimadas asegura que «no hay que dar por sentado que los independentistas logren un pacto», si bien los contactos entre las formaciones soberanistas parecen indicar que sí habrá gobierno.

El Poder Judicial ha respondido imputando por un presunto delito de rebelión a Marta Rovira, co-líder de ERC, y a otros miembros del órgano del Procés. Se espera una respuesta en la misma línea de las instituciones y la judicatura ante el argumento de que el soberanismo quedó debilitado. Si bien es cierto que logró dos escaños menos, volvió a lograr mayoría absoluta con muchos factores en su contra. Algo que, consideran, los dota de una «mayor legitimidad democrática».

Si se materializa un pacto de gobierno entre las formaciones independentistas, será con Carles Puigdemont como presidente. Para ello tendrá que volver a España, donde con seguridad será detenido. Esta situación podría ser usada para denunciar en Europa «las prácticas represivas del Estado español». Un escenario susceptible de calar hondo en la opinión pública europea dada la anterior decisión del Poder Judicial belga de archivar la causa contra Puigdemont. 

Desde La Moncloa se sigue apostando por la línea dura mientras en el unionismo surgen voces que empiezan a cuestionar la forma en la que Rajoy ha manejado el conflicto. Las elecciones que el mismo Rajoy convocó posiblemente en clave de consumo interno han devuelto al desafío que supone el auge independentista a la primera línea del juego: el punto de partida. «

Voces detrás de los votos

Al margen de la aritmética parlamentaria, en la calle se debate cómo se ha llegado hasta este punto. Para Sofía, de 55 años , auxiliar administrativa, «el problema viene cuando en 2006 el Partido Popular tumbó en el Tribunal Constitucional el nuevo Estatut de Autonomía» (que otorgaba mayor autonomía a Cataluña). Y agrega: «No hay diálogo porque al PP le interesa que haya conflicto en Cataluña, esto le da votos en el resto del Estado y tapa sus casos de corrupción». Contraria a la independencia, Sofía votó en el referéndum del 1-O  «para defender la democracia y el derecho al voto» y considera que el independentismo se ve alimentado por la política represiva del PP. «No hay libertad de expresión por la Ley Mordaza, la independencia judicial brilla por su ausencia, los casos de corrupción son abrumadores y aquí no dimite nadie», concluye. 

Otra catalana «unionista» es Marta, de 40 años, quien sostiene que «los nacionalistas catalanes siempre han usado el argumento de que España es culpable de todos los males que acechan a Cataluña».

Xenia, una activista de 36 años que trabaja en una aseguradora, afirma que el problema viene de los tiempos en los que «Cataluña sufría constante violencia, represión franquista». Y añade que «están escondiendo políticas de derechas con la bandera de España y hay gente que cree que ese trozo de trapo es lo que les une a los españoles, cuando en realidad lo que nos une con los españoles es la dignidad y el trabajo». La joven aún tiene el recuerdo fresco del día del referéndum e incluso fue hasta Bruselas para apoyar en su exilio a Carles Puigdemont. «El 1-O todos sabíamos que podrían venir la Policía Nacional y la Guardia Civil a requisarnos las urnas y que corríamos el riesgo de ser detenidos. Sabíamos que estábamos haciendo algo inconstitucional, pero… votar… es democracia».

*Desde España