Cataluña de declara república independiente y el Estado español aprobó la intervención de la región más rica del Reino. Marcándose el ritmo a la distancia pero en forma coordinada como lo vienen haciendo hace semanas, el Parlament catalán y el Senado español dispararon sus armas y ahora habrá que ver en las próximas horas, que serán cruciales, qué tanto poder de daño pueden infringirse. 

En el medio fueron quedando los sectores que podrían llamarse acuerdistas o tibios, según como se los mire. 

El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, anunció hoy la disolución del Parlamento catalán, el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y la convocatoria a elecciones en la región para el 21 de diciembre, en un discurso tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en Madrid.

En una nueva jornada tensa y caótica en España, luego de que el Parlamento de Cataluña declarara República catalana como Estado independiente y el Senado votara en Madrid la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la norteña región, el gobierno de Rajoy cesó a todo el gobierno regional y convocó a elecciones anticipadas.

«He decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma para el 21 de diciembre», explicó Rajoy tras especificar una serie de medidas para restablecer la legalidad constitucional en España.

Dirigentes del independentismo catalán que no estaban convencidos de que la mejor forma de separarse de España que ensayó Carles Puigdemont y Junts pel Si, la coalición que lo sustenta. 

Pero también Pablo Iglesias, el íder de Podemos, la tercera fuerza electoral y que gobierna, con aliados, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Iglesias consideró que la declaración sería “ilegal” e “ilegítima”, ya que los independentistas “tuvieron un resultado electoral que les da derecho a gobernar, no a declarar la independencia”. 

Con lo que se ganó críticas feroces desde el independentismo más convencido, para quienes Cataluña inició un camino de lucha contra el franquismo y la monarquía y aquellos que no coinciden es porque participan de esa cuestionable sociedad.

En resumen, el Parlament proclamó una República constituida como «Estado independiente y soberano» y propuso entablar negociaciones inmediatas con el Estado español. Entre ellas para dirimir cuestiones formales como la creación de nueva documentación, discutir casos de doble ciudadanía, el traspaso de instituciones gubernamentales y la creación de una embajada en Madrid.

Al conocerse la votación, decenas de miles de personas estallaron en gritos y aplausos frente al Parlamento catalán, abrazándose entre sí y flameando banderas catalanas.


Inmediatamente después, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió «tranquilidad a todos los españoles» y aseguró que «el Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña».

Mariano Rajoy, el jefe de estado español, que no quiso escuchar antes demandas autonómicas, menos aceptará entablar cualquier tipo de diálogo en esas condiciones, dado que exigía antes de sentarse a una mesa de negociaciones que Puigdemont, el presidente de la Generalitat, renuncia e declarar la independencia.

El texto aprobado en Barcelona fue aprobado por 70 diputados con 10 rechazos, de un total de 135 legisladores. La mayoría se negó a ingresar al recinto en señal de oposición al procedimiento para un debate de tanta envergadura.

Como definición del nuevo estado al que aspiran los catalanes, el documento indica que inician «el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».

«Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República» y la voluntad de negociar, dicen luego, y piden concretamente a la UE «intervenir para parar la violación de derechos civiles y políticos» a causa de la intervención del gobierno español.

Por lo pronto Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo publicó un tuit en el que puntualiza que «la Unión Europea seguirá considerando a España como la única interlocutora válida » y dice que confía en que prevalecerá «la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza».

A lo que, en inglés también le respondió Puigdemont que «Cataluña siempre apeló a la fuerza de la razón».

Rajoy, a su turno, logró el visto bueno del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución de España . Con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, el pleno del Senado español aprobó el pedido del Ejecutivo español.

Votaron a favor  el gobernante Partido Popular (con sus aliados del Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro), el PSOE y Ciudadanos, y en contra las bancadas de Podemos y sus aliados Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco y el PDeCAT.

La Fiscalía General del Estado confirmó de inmediato que presentará el lunes una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del «Govern» por un delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión.

Entre las medidas propuestas desde Madrid figuran la destitución de Puigdemont, el recorte de competencias del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo de seis meses pero bajo control español. Nada se dice sobre quiénes estarían habilitados a participar de ese comicio.

El Consejo de Ministros fue convocado para esta misma tarde, para poner en marcha el mecanismo de la intervención y analizar nuevas disposiciones sobre la cuestión que mantiene en vilo a la península desde hace más de 7 años y que explotó en los últimos meses.