Cautelar de la CIDH para que el Estado argentino determine la situación y el paradero de Maldonado

El organismo escuchó a las partes y concluyó que los derechos a la vida e integridad personal del joven "se encuentran en una situación de grave riesgo". Le pidió al gobierno y la justicia que informen las acciones realizadas para esclarecer los hechos.
24 de Agosto de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado, en Argentina.

Tras analizar las alegaciones de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, "puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero".

La Comisión tomó en cuenta las denuncias de los solicitantes, según las cuales Maldonado "fue objeto de una desaparición forzada desde que se lo viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche “Vuelta del Río Pu-Lof”, departamento de Cashumen, provincia de Chubut".

La CIDH consideró que, no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por ambas partes, "no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas".

En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

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