A horas de que comience la ronda de elecciones al Europarlamento, un comicio clave para el futuro de la Unión Europea e incluso del Reino Unido, la primera ministra Theresa May lanzó el último intento para que en el Palacio de Westminster le aprueben la última versión del tratado de divorcio del continente. Mientras tanto, las consecuencias de tanta idas y vueltas con el Brexit, que debería haberse producido el 29 de mayo y fue prorrogado al 29 de octubre, se hacen sentir en la economía real. Es así que al concurso de acreedores de los locales del mediático chef Jamie Oliver, que hace peligrar 1300 puestos de trabajo, se sumó el quiebre el grupo siderúrgico British Steel, que en este caso deja literalmente en la calle a 25.000 personas.

Luego de varios intentos fallidos, la premier conservadora hizo lo que seguramente serán las últimas concesiones al parlamento británico en torno de la ruptura con la UE. Este martes envió un nuevo proyecto a la cámara de los Comunesa, el cuarto, para un acuerdo de separación en el que incluso aceptaría la convocatoria de un segundo referéndum.

El plebiscito de 2016 dio como resultado un 52% a favor del Brexit contra un 48% que querían permanecer dentro de la comunidad continental. A simple vista el resultado parece muy ajustado para una decisión de semejante envergadura, ya que compromete el futuro de los habitantes actuales y los por venir. Con un agregado, en regiones como Escocia o Irlanda y hasta en Londres, de que la mayoría votó por quedarse en la UE, de modo que en esos territorios el descontento fue creciendo en estos años.

Hay, por otro lado, un grave problema en Irlanda, ya que el norte de la isla, genéricamente conocida como Ulster, en caso de que el Reino Unido deje la UE, deberá establecer fronteras con la República de Irlanda, al sur, independiente de Londres y parte de la unión regional. Se sabe de lo delicado que sería poner nuevamente fuerzas armadas en un límite que hasta no hace tanto fue escenario de fuertes enfrentamientos.

En una nueva comparencia en Westminster, el edificio del parlamento británico, May recibió ataques de todos los costados: amigos y enemigos coincidieron en repudiar la última propuesta. «Se han convertido en un ritual doloroso en un proceso tortuoso: la primera ministra presenta una visión para el Brexit y los diputados hacen cola para demolerla en la Cámara de los Comunes», fue la síntesis más exacta que dio la BBC.

Mientras tanto crece una grieta que se generó en Gran Bretaña desde que el entonces primer ministro David Cameron decidió descomprimir presiones antieuropeas llamando a un plebiscito que pensó que podría ganar fácilmente. Dos años antes había aceptado una consulta para decidir sobre la independencia de Escocia y el desafío le había salido bien. Aplico esa vez la máxima presión de la amenaza de las empresas que se irían de esa región del norte si dejaban de pertenecer a la corona de los Windsor.

Ahora ya no se trata de amenaza sino de realidades más concretas. el lunes pasado, Jamie Oliver, un chef y activista inglés que se hizo famoso en programas de televisión, anunció que está en literal bancarrota. Y culpó de esa situación a la incertidumbre por el Brexit.

Oliver abrió su primer local en Londres en 2002, The Fifteen, donde ubicó a cocineros y camareras provenientes de oficinas de desempleados y centros de rehabilitación. No tardó en replicar ese modelo de inclusión en otros distritos del país y del continente. Logró imponer otras marcas como Jamie´s Italian y Barbecoa con precios moderados «e ingredientes de calidad superior».

Pero hace un par de años todo se fue desmoronando lentamente y ahora se anunció que la consultora KPMG se hará cargo de la gestión y tratará de vender los activos para pagar a los acreedores y eventualmente las indemnizaciones de los trabajadores, que suman en total cerca de 1300.

Este miércoles, para colmo, las autoridades nacionales informaron que fue liquidada totalmente la mayor acería británica, British Steel, con 4500 empleados directos y una cadena de valor que eleva la cifra de afectados a 25.000. «La Alta Corte ordenó la liquidación de British Steel Limited (BSL). Se nombró al administrador judicial oficial como liquidador», dice el comunicado oficial.

BSL es una firma privada perteneciente al fondo de inversiones inglés Greybull Capiutl, del millonario Marc Meyohas. Hace diez días había enviado un comunicado al gobierno advirtiendo que necesitaba dinero fresco de manera urgente para continuar con sus actividades y señaló como lo más grave de su situación a la tensión por el Brexit.

Creada en 2016 sobre la base de la acería del grupo indio Tata, tuvo un par de años de prosperidad hasta que desde fines de año pasado viene tecleando. La posibilidad de que Gran Bretaña se salga de la UE afectará sus planes a futuro y quizás la quiebra sea un curarse antes de que todo empeore. «El Brexit ha despojado a British Steel de su cartera de pedidos en el extranjero», declaró la diputada laborista Jo Stevens.

Por ahora no está tan claro quién esta de cada lado en el universo político británico. Hay euroescépticos en cada partido, de allí la imposibilidad de acuerdos para el divorcio. Y en Bruselas solo se limitaron a darles más plazo, sin aminorar ninguna de las exigencias que los británicos deben cumplir para irse de la unión.

Para ilustrar lo que se piensa en la UE sobre el Brexit, nada mejor que una figura de un periodista español, que comparó el rol que cumple Theresa May, yendo de Londres a Bruselas para una negociación que parece clausurada, con el caso de un invitado pesado que «cuando terminó la fiesta y el anfitrión no para de bostezar, pide otro whisky junto a la estufa como si nada».

Pero este jueves los británicos tendrán posibilidad de expresar algo de esto en las urnas. Sucede que como el Brexit no se consumó, la convocatoria a europarlamentarias los incluye. Hasta el domingo, 430 millones de europeos elegirán a sus futuros representantes en Estrasburgo. Tratándose de comicios no obligatorios, el primer dato será cuántos ciudadanos acudan a los centros de votación. El otro será qué eligen.

Quizás ahí este la respuesta a Bruselas. Una estampida sin acuerdo como piden los ultras o una nueva consulta popular que remedie lo que ocurrió hace tres años.