Como era de prever, el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, sentó precedente y días después ya son cinco los genocidas que pidieron ser tratados de la misma manera. Son el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, el obstetra de la ESMA, Jorge Luis Magnacco, el ex militar Alejandro Lazo, el ex ayudante naval de Prefectura Juan Natonio Azic y el ex capitán del ejército Víctor Gallo.
Giribone fue condenado a ocho años de prisión por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo de desaparecidos Pablo Javier Gaona Miranda. Magnacco recibió condena por sustracción de menores en la ESMA, por lo que es conocido como «el partero de la ESMA». Lazo fue condenado a diez años de prisión por torturas y privación ilegítima de la libertad. Azic fue el apropiador de la hoy diputada Victoria Donda. Y Gallo, el apropiador de Francisco Madariaga, recibió una condena de 15 años en 2012 dentro del juicio por el plan sistemático de robo de bebes y, en 2016, se le otorgó una pena única de 25 años, al reunificarla con otras anteriores.
Por su parte, Azic fue condenado en 2012 a catorce años y medio de prisión por la apropiación de Donda; y dos años más tarde a 10 años por otra apropiación. En 2011 había sido condenado a 18 años de cárcel por el secuestro, desaparición y torturas a tres detenidos-desaparecidos en la ESMA. En este momento Azic tiene otro beneficio polémico para un condenado por delitos de lesa humanidad: se encuentra bajo arresto domiciliario por una decisión de la Cámara Federal, por cuestiones de salud.
Que los abogados de estos cinco genocidas hayan solicitado el beneficio del 2×1 no significa que se les conceda automáticamente. De todas formas, ya se empieza a sentir el precedente tras el fallo que emitió el miércoles la Corte Suprema a favor de Luis Muiña, un civil que formaba parte de un comando que operaba dentro del centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en instalaciones del Hospital Posadas y que había sido condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del hospital y vecinos de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.
