La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, rechazaron a través de una carta la invitación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a la Comisión Interpoderes que analiza el avance de las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
En plena tensión con el gobierno por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y tras una denuncia de la diputada Vanesa Siley por “favorecer” con sus demoras a los responsables del Terrorismo de Estado, Rosenkrantz convocó por primera vez en 4 años a la Comisión.
También podés leer: El peligro de que la Corte Suprema no respete la división de poderes
La respuesta del gobierno fue dura. «La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista», sostuvieron en la carta Losardo y Pietragalla.
En el texto (que se puede leer completo acá) le recuerdan al titular de la Corte que desde 2016 no se reúne esta comisión, que desde 2010 reúne a todos los actores del Estado y a los organismos de derechos humanos con la intensión de agilizar las causa.
También podés leer: El procurador dictaminó a favor de los tres jueces y ahora debe definir el máximo tribunal
En ese sentido, reafirmaron que a criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional «no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado».
Recuerda en el texto que muchas de las causas están esperando algún fallo de la Corte desde hace varios años y que la demora implica la consolidación de la “impunidad biológica” ya que los responsables mueren sin condena.
“Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”, señalaron.
Señalaron en ese sentido la necesidad de que la Corte resuelva decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”.
“A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma”, agregaron.
Al encuentro también fueron convocados organismos de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Cels, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga por los derechos del hombre.
Desde Abuelas ya adelantaron que no irán. Su presidenta, Estela de Carlotto, fue muy crítica del titular de la Corte y consideró la convocatoria «inoportuna». «La reunión la pedimos en marzo y recién llega ahora que la Corte está tan cuestionada», explicó Carlotto en declaraciones formuladas a FM Futurock.
La Corte Suprema también invitó a la reunión al procurador interino Eduardo Casal; la defensora Stella Maris Martínez; al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y los jueces de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos.
