Con ocho meses de pandemia a cuestas, muchas familias tuvieron como único o principal recurso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Fueron 30 mil pesos, en total, entregados por el Estado para paliar la crisis económica provocada por el coronavirus. En el promedio mensual, la ayuda fue de 3750 pesos.

“El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo”, destacó el ministro de Economía Martín Guzmán, al momento de anunciar que no habría una cuarta versión del IFE. Tampoco continuará el programa ATP, destinado a cubrir salarios en empresas golpeadas por la cuarentena.

En paralelo, el Indec publicó en los últimos días que la inflación de octubre fue la más alta del año: 3,8 por ciento, con una fuerte injerencia del rubro Alimentos. En lo que va del año, es del 27%, mientras que en los últimos 12 meses bajó al 37%, número en el que se espera que termine el año. De ser así, la inflación habría bajado casi 20 puntos porcentuales en un año.

Sin embargo, el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil fue del 28%, en tres cuotas, con la última en marzo. Además, a partir de diciembre se comenzará a ver subas en servicios básicos, combustibles y prepagas.

Así las cosas, atravesar el fin de año resultará un desafío para los sectores más vulnerables. Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), dio a Tiempo su punto de vista: “Vemos con preocupación que hay una serie de medidas que perjudican a los sectores más vulnerables. Desde hace varios meses el motor de la inflación han vuelto a ser los alimentos. Eso se traslada a los sectores más vulnerables”.

Para Rudnik, “el direccionamiento de los anuncios van en un sentido de ajuste que va a recaer sobre los sectores de menores ingresos”, con lo cual, «la pobreza empeorará y para los próximos dos años se va a estabilizar en el orden del 35%».

Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), opinó: “Hay una situación crítica en términos sociales. El gobierno pensó un IFE por única vez, para 3,6 millones de personas. Terminaron siendo 9 millones, el triple. Esto demuestra que hay una necesidad. El nivel de pobreza y la demanda del IFE así lo expresan”.

Letcher advirtió también que entre esos 9 millones, “hay situaciones diversas. Es difícil saber qué hacer con cada uno de ellos porque es difícil de identificar cada realidad”. Además, entiende que “diciembre es siempre más sensible que cualquier otro mes”, pero “no se ve un escenario de conflictividad social grande”.

Con respecto a los aumentos inflacionarios, el economista advirtió: “El aumento de los alimentos es preocupante porque algunos aumentaron de manera significativa. El tomate no puede aumentar un 250%. Habría que ver bien cómo es el entramado de producción y comercialización, y discutir qué sucede a lo largo de esa cadena”.

Letcher manifestó preocupación por la “inestabilidad cambiaria y el aumento arbitrario de precios”. “El gobierno hizo un gran esfuerzo en sostener el dólar y asegurar a la producción un determinado valor. Entonces, es irracional que la producción aumente como si hubiera habido una gran devaluación”.

Por su parte, Sergio Chouza, economista de la Universidad de Avellaneda, consideró: “Estoy de acuerdo con que en esta instancia no se puede seguir con un programa como el IFE, lo cual no quita que se pueda seguir con otros programas. Tiene que haber asistencia de cara a fin de año, quizás con el mismo esfuerzo fiscal, pero la modalidad del IFE está agotada y no sería la más efectiva”.

Con respecto a la inflación, para Chouza dependerá “de la esfera de lo cambiario”. “Parecía que noviembre empezaba mucho más calmo, pero los últimos días volvió a haber más ebullición en el segmento ilegal del dólar y hay que ver cómo se comporta”, analizó y agregó: “Hay que ver qué pasa con alimentos; sobre todo, los frescos y frutas y verduras, que tuvieron una variación interanual en el orden del 70 por ciento”.

Finalmente, Rudnik propuso “tomar algunas medidas como el Impuesto a las Grandes Fortunas y reforzar la posibilidad de que el Estado tenga mayores recursos. Sacar de los sectores que tienen más posibilidades de contribuir y volcar en los sectores más desprotegidos”. «