“El fuero federal, tal como está constituido, es una suerte de fuero de privilegio porque sólo opera cuando hay funcionarios de por medio.” La frase es de Alberto Fernández y, aunque podría tranquilamente haber sido dicha esta semana, en realidad tiene más de quince años. En ese momento se discutía la unificación de la justicia federal (la de Comodoro Py) con el fuero nacional, el encargado de investigar los homicidios, los robos y los abusos sexuales dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Con el regreso de Gustavo Béliz, lo primero que recordaron los jueces federales fue este proyecto, al que rechazaron en ese momento y al que se oponen hoy, por ahora en silencio.
La sensación que hay en Retiro es que probablemente esta idea también vuelva. La unificación de los fueros significaría que ya no serían doce los jueces encargados de las causas de corrupción sino que pasarían a ser cerca de ochenta. Los tribunales orales que se ocupan de los juicios se convertirían de ocho a treinta y ocho. En Py piensan resistir a esta idea si es que finalmente se plasma en un proyecto de ley. “Tenemos argumentos jurídicos de sobra para oponernos”, contraatacan.
Para Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Cels, el proyecto podría ser una “salida coyuntural para licuar y diversificar a quienes vienen concentrando todo el poder de Py” pero que debe ser acompañado de otras medidas. “Hay que prohibir que los servicios de inteligencia sigan cooptando las investigaciones federales así como hay que sacar la oficina de escuchas del ámbito de la Corte Suprema de Justicia”, reclama.
María Laura Garrigós fue jueza de la Cámara de Casación Nacional y actualmente es coordinadora de Comisión de Justicia del Instituto Patria. Sostiene que la unificación es “totalmente viable” y pone un ejemplo: los juicios de lesa humanidad. “Cuando se hicieron los debates se llamó a jueces ordinarios para integrar los tribunales orales federales porque no alcanzaban los jueces”, relata. Además sostiene que la situación de las prisiones preventivas a mansalva no hubiera sucedido si la justicia federal hubiera seguido el criterio de los jueces nacionales. “Amado Boudou salió de la cárcel en 2018 porque intervino un juez de la Cámara del Crimen que aplicó correctamente lo que dice la ley”.
El nuevo sistema acusatorio consiste en darle a los fiscales un rol más importante dentro de las investigaciones y que ya no sea el juez el que investiga sino el que se encarga de garantizar que todo se haga de acuerdo a las garantías que están dentro de la Constitución. Actualmente sólo se aplica a nivel federal en las provincias de Salta y Jujuy. “Hay que trabajar en serio para la llegada del sistema acusatorio a las jurisdicciones más importantes y mientras tanto, que se trate de oralizar y dar una dinámica distinta a las causas en trámite”, puntualiza Litvachky.
¿Por qué es tan relevante llegar a un sistema acusatorio? “El juez deja de producir prueba, de investigar para ser árbitro de todo”, explica Garrigós y considera que bajo ese funcionamiento las defensas y las querellas van a poder tener mayor acceso a las causas, algo que ahora dentro de Comodro Py les es difícil de encontrar. “Siempre van a existir malos actores pero un sistema acusatorio es mejor que la inquisición que tenemos”, marca Alejandro Rúa, abogado de muchísima trayectoria y defensor de algunos ex funcionarios.
Para él, otra de las claves radica en “mudar” a los jueces y que no convivan fiscales, defensores y las distintas cámaras en el mismo edificio. “Esa vecindad licúa las posibilidades efectivas de que cada uno ejerza su función con independencia”.
Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, va por algo más ambicioso: la implementación del juicio por jurados dentro de la justicia federal. Afirma que es factible implementarlo y que sería una buena medida en pos de la democratización de Py. “Hay una completa resistencia por parte de una organización que ha tomado desde hace mucho tiempo el rol de servicio a la política y que como ha sido funcional a las diferentes administraciones ha mantenido esa estructura cavernícola y un poder de fuego muy importante”, describe. «
La interna que existe entre los jueces
Mientras en Comodoro Py reniegan de ser “unificados” con la justicia “ordinaria” en la zona del Palacio de Tribunales varios se preparan para dar el salto. Vienen de varios años de batalla por el famoso “traspaso”, que consistía en convertirlos de jueces nacionales a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, algo que no les interesaba en lo más mínimo. “Nadie quiere jugar en la B”, marca con sorna un juez que hace más de quince años cruza la Plaza Lavalle para llevar adelante juicios por homicidios y robos.
En la ciudad conviven tres justicias: la federal, la nacional y la contravencional penal. Es una situación única: en el resto del país conviven la justicia provincial, que se encarga de los delitos comunes y la federal. La nacional tendría que haber desaparecido después de 1994, cuando la Capital Federal se convirtió en Ciudad Autónoma pero todos los jueces y fiscales se resistieron.
Durante la campaña, el candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens, se metió en el tema y aseguró que se venía el traspaso mientras que Alberto Fernández dijo que el país “no debe pagar la justicia que sólo utilizan los porteños”. En ese panorama la idea de unificación les parece una solución más que viable. “Comodoro Py hace desastres y nosotros quedamos manchados por más que no tengamos nada que ver”, se enoja una jueza en lo criminal. “Que nos conviertan en federales y ahí si nos hacemos cargo”, agrega y deja en claro que la disputa entre los jueces de Retiro y los de Plaza Lavalle existe. «
