Con apoyo massista, el gobierno quiere sancionar la ley de ART

Se dabatirá en medio del Correo Gate. Macri había intentado que saliera por decreto en enero. Cuenta con los votos de los bloques de Bossio y Massa.
15 de febrero de 2017

Si bien el gobierno pensaba tener un comienzo de sesiones extraordinarias tranquilo con el tratamiento de la ley de ART y un posible primer triunfo legislativo, el escándalo del Correo Gate se metió en el camino.

Mauricio Macri había intentado introducir a la fuerza esta modificación a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo durante el mes de enero mediante un decreto. Luego de la lluvia de críticas, hizo mejor las cuentas con el massismo y los diputados de Diego Bossio y llamó a sesiones extraordinarias para que la nueva ley vea la luz a través de la Cámara de Diputados, ya que contaba con la media sanción del Senado.

Si bien el oficialismo tiene los votos para que la ley de modificación de las ART salga sin inconvenientes, el debate de la sesión extraordinaria convocada para este miércoles estará atravesado por las intervenciones que pondrán sobre la mesa el acuerdo de pago del Correo al Estado.

El oficialismo cuenta con sus votos, los votos de Diego Bossio y su Bloque Justicialista y parte del massismo, que esta vez, como otras tantas, votará dividido.

En el Frente Renovador, Facundo Moyano y Jorge Taboada, diputados que provienen del sindicalismo, así como el exgobernador bonaerense Felipe Solá, votarán en contra. En tanto, votará a favor el resto de los massistas. El martes, luego de la conferencia de prensa por el Correo Gate, Graciela Camaño justificó su voto a favor al argumentar que "no se puede seguir así, la proliferación de juicios tampoco favorece al trabajador". Votarán junto a ella el propio triunviro de la CGT, Héctor Daer.

Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN), aliada de Sergio Massa, y autora de un dictamen de minoría, también votará en contra del proyecto. El Frente para la Victoria y la izquierda ya adelantaron que votarán en contra.

La nueva ley establece la obligatoriedad de la instancia de las comisiones médicas a la hora de que un trabajador haga juicio por enfermedad laboral o accidente. La oposición sostiene que no protege la salud de los trabajadores y trabajadoras sino que incluso obstaculiza su acceso a la Justicia.

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