«¿Ya tenés empleada? Cotizá hoy sin cargo», ofrece Zolvers en su página web. El sitio que se presenta como «la forma más fácil y práctica de conseguir ayuda de confianza para tareas de limpieza» es en los hechos una nueva plataforma que actúa como intermediaria entre quienes pretenden pagar poco por un trabajo y quienes se encuentran necesitados de un ingreso frente a un mercado laboral cada vez más flexibilizado. Esta empresa que acumula ganancias y deriva responsabilidades (al igual que los conocidos Uber o Rappi) nació en la Argentina y ya se expandió a Chile, México y Colombia, impulsando la precarización del empleo doméstico a toda la región.

En la Argentina, 36 de cada cien empleadas no están registradas. La mitad de ellas se dedica a una misma actividad: el trabajo doméstico, una tarea que es realizada por mujeres en un 98% de los casos. Según las últimas cifras del Indec, el 26% de todas las trabajadoras domésticas vive por debajo de la línea de pobreza, una estadística que se eleva hasta el 48% en el caso de las que lo hacen en la informalidad.

Zolvers opera en ese mercado y cobra una comisión por unir a la oferta con la demanda, sugiere a los empleadores que registren a quienes contactan por su red, pero se desentiende de lo que suceda en los hechos. La ausencia de políticas estatales para regular estas plataformas permite un negocio redondo para el intermediario pero aumenta la exposición de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Informalidad/oportunidad

Zolvers comenzó como una plataforma que ofrecía servicios de los más variados, desde delivery hasta mozos para una fiesta. Pero rápidamente se orientó hacia el servicio doméstico. «Es un mercado carente de transparencia, sin información», analizó Cecilia Retegui, una de sus fundadoras, en una entrevista con el diario La Nación. Ahí estaba precisamente la oportunidad para ofrecer un servicio de «recomendaciones» y cobrar por ello sin asumir los riesgos derivados.

En los hechos, Zolvers ofrece a quienes buscan empleo que creen un perfil en su plataforma. Les pide documentos, referencias y antecedentes penales. También las entrevista para darles una «certificación» oficial. Luego quedan en su bolsa de empleo, que es ofrecida a quienes buscan que realicen tareas domésticas. Estos pueden cotizar gratuitamente la tarea que buscan y, si eligen seguir adelante, deben pagar una comisión a la plataforma, que opera como intermediario. Lo que viene después es, para Zolvers, una «cuestión entre privados».

Si no quedan satisfechos, los «empleadores» pueden calificar negativamente a las personas que realizaron la labor y la plataforma les ofrece hasta dos personas más para reemplazarla sin cargo. «Las zolvers» (en femenino, como las llama el portal) no tienen cómo calificar al «empleador» ni dónde reclamar en caso de incumplimiento o abuso.

Tiempo intentó contactarse con las titulares de la plataforma sin éxito. Pero quienes sí respondieron fueron personas que se anotaron como «zolvers» y que denuncian la situación de vulnerabilidad a la que quedaron expuestas (ver recuadro).

«Desde el sindicalismo venimos promoviendo el debate sobre el futuro del trabajo, porque a partir de las nuevas tecnologías hay mucho del orden de este intento de individualización y de trabajos que plantean una relación difícil de precisar en torno a la legislación vigente», explica Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. «Hay quienes creen que estas formas ayudarán a reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. Pero si las reduce es porque empeora las condiciones. Jóvenes y varones van a sufrir lo que históricamente tuvimos las mujeres: trabajo más precario, a tiempo parcial, más desocupación, etc. La flexibilización iguala para abajo», concluye.

Del dicho al hecho

«Además de la categoría ‘empleada doméstica’, que aparece como opción en femenino, se refuerza la idea de que quien realiza dicho trabajo ‘colabora’ o ‘coopera’ con alguien en una tarea. De esta manera se oculta por un lado el hecho de que se trata de un trabajo, que implica remuneración, y que además supone una relación contractual con derechos y deberes», explica Sara Isabel Pérez, doctora en Lingüística e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes.

Pero esa mirada no es exclusiva de Zolvers. En <argentina.gob.ar>, el portal que depende del Estado nacional, se habla de «registrar a tu empleada doméstica», señala Pérez. «Se naturaliza en una breve frase que las personas que realizan trabajos domésticos (en casas particulares, que no generan lucro para el empleador según la ley) son mujeres. Y en la misma página se da por supuesto que quien las contrata es un varón, al que denominan ‘el empleador’. Así se contribuye a la construcción de roles y estereotipos que asocian a las mujeres con empleos vinculados al cuidado y a los varones con el control del dinero», añade.

Lo paradójico es que desde abril de 2014 existe una ley (la 26.844) que establece un «régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares». Allí no se habla con lenguaje sexista y se establecen normas a cumplir. Del mismo modo, existe la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que es el gremio que representa a las y los trabajadores del hogar. Allí funcionan una Escuela de Capacitación y una bolsa de empleo gratuita que tiene como condición el registro del empleador. Claro que hoy el Estado le da la espalda (ver recuadro).

«De nuestra parte nunca hemos tenido contacto con esta agencia», explica a Tiempo Carlos Braceso, abogado de la UPACP. «Y, lamentablemente, lo que vemos es que los empleadores pretenden aprovecharse de la relación de poder que tienen», cierra. «

Sin financiamiento oficial para la capacitación

«La Escuela de Capacitación para el Servicio Doméstico abrió en el año 2006. A fines de 2008 firmamos el primer convenio con el Ministerio de Trabajo y eso nos dio crecimiento territorial. Desde ahí hasta fines de 2017 formamos a unas 17 mil personas, pero ahora hace un año que estamos sin financiamiento del Estado», cuenta a Tiempo Marta Roncoroni, directora de la Escuela. Allí también tienen un centro de empleo adonde quienes quieren tomar personal deben registrarse y dejar su DNI. «Lo hicimos así después de que vimos que algunos empleadores cometían situaciones de abuso, y nosotros nos hacemos responsables», explica. Entre los requisitos, la persona que usa el Centro de Empleo debe registrar a su trabajador o trabajadora. Tienen 3000 personas en su bolsa de empleo y entre dos y tres solicitudes por día.

En su página web, Zolvers se jacta de tener una comunidad de 60 mil «empleadas domésticas».