El costo de la energía eléctrica que abonan los usuarios residenciales en el área metropolitana se multiplicó por 30 en los últimos dos años, según surge de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) mediante las resoluciones 602 y 603 y que entraron a regir el 1 de diciembre y fueron publicados en el Boletín Oficial el viernes pasado.
Los cálculos fueron realizados por este diario en base a los valores para la categoría T1-R2, que abarca a los hogares con consumo de entre 150 y 325 kilovatios-hora (kwh) por mes. Es una de las franjas de usuario mayoritarias, ya que supone un uso entre reducido y moderado de la electricidad en una vivienda mediana. Los usuarios de Edenor comprendidos en esa categoría deberán pagar $ 1,283 por kwh, un incremento de 2954,8% con relación a los $ 0,042 que abonaban hasta diciembre de 2015. En tanto, a los clientes de Edesur, el kwh les costará $ 1,314, con una variación casi igual de 2955,8% con relación a los $ 0,043 que la empresa les facturaba hace dos años.
Los incrementos también alcanzan al cargo fijo que cada compañía cobra a sus clientes por el solo hecho de brindarles el servicio. De acuerdo a lo dispuesto por el ENRE, esos valores serán de $44,38 y $46,20 por mes para Edenor y Edesur, respectivamente. Son un 445% y 470% más caros, respectivamente, que los de fines de 2015, aun considerando que en esa época las facturas eran bimestrales (los límites de la categoría T1-R2 estaban en 301 y 650 kwh). Entre quienes más consumen el alza es todavía más grande: los clientes de Edesur de la categoría T1-R9 (más de 1400 kwh por mes) vieron multiplicarse ese cargo por 105.
Los valores del kilovatio hora incluyen, tanto el costo de la generación de la electricidad, como la remuneración de las distribuidoras. El cargo fijo, el cargo variable por la electricidad utilizada y los impuestos, menos alguna eventual bonificación por ahorro con relación al consumo del año anterior, componen el total de la boleta a pagar.
Tan bruscas variaciones responden al criterio del Ministerio de Energía, que en enero de 2016 declaró la emergencia por los bajos niveles del servicio, atribuido a la «ausencia de un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente y racional» de la energía eléctrica, según la resolución del ENRE que puso en marcha el plan. A partir de allí se puso en marcha un esquema de aumentos de tarifas en continuado. El de febrero de 2016 fue frenado en la Justicia por las asociaciones de consumidores; le siguieron otros en octubre de ese año, en febrero y marzo de 2017, y el que entró en vigencia hace dos semanas.
Si bien los valores de las boletas se multiplicaron por 30, los ingresos de las dos compañías que se reparten el negocio de distribución de energía en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no crecieron tanto. En los últimos tiempos de su gestión, el kirchnerismo había diseñado un esquema con un «cuadro teórico» que atendía las necesidades que cada compañía declaraba para mantener el sistema: los consumidores pagaban sólo una parte y el Estado se hacía cargo de la diferencia. Al llegar Cambiemos al poder, decidió dejar de poner dinero. La poda de subsidios era funcional al objetivo de reducir el déficit fiscal, aunque el gobierno también usó otro argumento: «El objetivo de la política tarifaria que corresponde adoptar no es la eliminación de los subsidios, sino redireccionar su aplicación hacia sectores de la población que, por sus condiciones de ingresos, es considerada vulnerable», decía la resolución 7/16 del Ministerio de Energía.
Marcos Rebasa es exdirector del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), integra el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y dirige el Observatorio de Tarifas (OTA), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El experto explicó a Tiempo: «Es una barbaridad. Es una política de shock, no gradual como exigió la Corte Suprema en el caso Cepis. Ese fallo exige también que no sea confiscatorio y en los sectores sociales más vulnerables es confiscatorio. Además, esto va acompañado de una quita de subsidios que, en el caso de los industriales va a llegar a cero y en el caso de los residenciales, al 10 por ciento».
Rebasa destacó el impacto negativo que esta política tiene en las empresas pequeñas y medianas, y en la economía en su conjunto. «En el caso de las pymes, es económicamente inviable. El gasto en electricidad es tan alto que las pone en situación de inviabilidad. En el caso de las industrias grandes no, porque trasladan el precio. Pero desde el punto de vista de competitividad de la economía, es un desastre. Es dañino para la economía en su conjunto. Además, a esto hay que sumar los aumentos de gas y de agua», recordó.
Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), expresó a Tiempo: «Para nosotros y para todos los que somos parte de la Red Multisectorial contra el Tarifazo, los aumentos no pueden estar por encima de los aumentos salariales. Los salarios que más aumentaron en estos dos años subieron un 60 %; es decir, las tarifas subieron 14 veces más. Es una locura. Es insostenible. Agudiza la pobreza energética». «
Autor intelectual del tarifazo, al ENRE
Andrés Chambouleyron es el mentor del tarifazo. Es el titular de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria que funciona en la órbita del Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren. Ahora fue designado como presidente del ENRE.
Una comisión bicameral del Congreso debe aprobar su designación, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días. Como las sesiones ordinarias concluyeron, el plazo se vencerá y su designación quedará aprobada automáticamente.
Chambouleyron creció en la misma cuna económica que Domingo Cavallo: la Fundación Mediterránea, el think tank cordobés de corte neoliberal. Luego, fue perito de empresas extranjeras en contra de Argentina en distintos juicios en el CIADI, el organismo de arbitrajes comerciales del Banco Mundial.
Para Marcos Rebasa, la designación determina que «no hay ninguna esperanza de que el ENRE se preocupe por los usuarios ni controle a las empresas como determina la ley».
«Es terrible. Es una persona que fue testigo contra el Estado argentino. Tiene antecedentes tremendos y no puede estar en un ente que tiene que cuidar los intereses nacionales y de los usuarios. Es un retroceso de mil años», graficó Claudio Boada.
