El gobierno confía en que el sector privado le dé una mano en su tarea de reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo mantener la obra pública como motor de la recuperación económica. Por eso incorporó en sus previsiones para el año que viene una buena cantidad de inversiones a partir del régimen de participación público-privada (PPP), que podrían ayudar a sostener la actividad sin que el Estado tenga que desembolsar tanto dinero.
Ese espíritu atraviesa el Presupuesto 2018 que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el viernes en la Cámara de Diputados para su tratamiento. «Elaboramos un proyecto sólido y creíble que será la guía de cómo gastaremos el dinero público en 2018», señaló Dujovne.
En términos globales, la norma mantiene la idea de bajar el déficit fiscal primario al 3,2% del PBI, un punto menos que la meta fijada para 2017. En Hacienda creen que podrán lograrlo con un incremento del 19% de los ingresos, que llegarían a $ 2,325 billones, mientras que el gasto primario subiría sólo un 15,1% ($ 2,721 billones). Sin embargo, al agregarse $ 286.191 millones por los intereses de la deuda pública, el rojo financiero treparía hasta el 5,5% del PBI. En la contención de los egresos también estaría incluido un compromiso de los gobiernos provinciales para cuidar sus gastos corrientes, que el gobierno quiere formalizar en un acta de responsabilidad fiscal que será tema de negociación después de las elecciones de octubre. La inflación proyectada es del 15,7% anual.
Esa disminución paulatina del déficit es incompatible con el fuerte impulso dado a la obra pública, que permitió que la actividad en el sector de la construcción creciera un 20% interanual y se convirtiera en el sostén de toda la economía. Por eso la expectativa es que el Estado, que a lo largo de 2017 estima desembolsar en ese rubro $ 269 mil millones (así lo informó al Senado el jefe de Gabinete, Marcos Peña), aporte el año que viene sólo $ 210 mil millones para gastos de capital y que desde el sector privado pongan otros $ 225 mil millones. Con esa masa de dinero se podría subir la inversión al 17,1% del PBI y alcanzar un 3,5% de crecimiento económico para 2018.
El mismo viernes en que Dujovne presentaba el proyecto de Presupuesto al Congreso, en la página web del Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo colgaron una serie de proyectos para desarrollar bajo el sistema PPP. Las áreas elegidas son: agua, saneamiento y vivienda; energía y minería; transporte, comunicación y tecnología; y educación, salud y justicia. Según Finanzas, el sistema (consagrado en ley en noviembre de 2016) permite «una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo este último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto».
La apuesta oficial es sortear los requisitos legales que debe cumplir el Estado y que las empresas obtengan financiación privada para apurar los trabajos. La flexibilidad de la operatoria es grande. También es amplia la variedad de obras que sueña con realizar el gobierno bajo este mecanismo. Se descuenta que habrá firmas interesadas en la ampliación de la red de autopistas, donde el peaje es garantía de repago, y en tender un ferrocarril que una los yacimientos Vaca Muerta con Bahía Blanca, ideal para que las petroleras embarquen crudo hacia el exterior. Pero es más difícil saber quiénes se postularán a construir seis hospitales y tres complejos penitenciarios en la provincia de Buenos Aires, como está previsto. «
