Condena contra Costa Salguero por no liberar el acceso público al río

El Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo del gobierno de la Ciudad, que actuó en tándem con Telemetrix, concesionaria del predio.
7 de Mayo de 2016
La empresa Telemetrix, concesionaria del predio en donde semanas atrás murieron cinco jóvenes, recibió la cuarta condena en su contra en una misma causa. Y puede ser la definitiva. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara un recurso del Ejecutivo porteño, Costa Salguero deberá abrir un camino de 15 metros de ancho desde la entrada hasta el río, como lo marca la ley. "Fueron siete años de idas y vueltas. Tanto el Gobierno de la Ciudad como los empresarios tuvieron una estrategia común, dilatar lo más que pudieron el trazado del Camino de Sirga", sostuvo el legislador (mandato cumplido) Facundo Di Filippo, autor de la denuncia.
La historia comenzó en 2009 cuando el hoy referente del Partido Social realizó una presentación ante la Justicia porteña para que los concesionarios abrieran un paso que permitiera llegar hasta el Río de la Plata. El expediente recayó en el juzgado de Andrés Gallardo, quien ordenó que Telemetrix subsanara la violación al artículo 2639 del Código Civil. La norma obligaba a que los titulares de un predio lindante con la costa abrieran un camino de 35 metros (el nuevo Código Civil lo redujo a 15 metros) para que cualquier persona pudiera utilizarlo.
Cuando llegó a Costa Salguero, Gallardo encontró que únicamente cuatro de los 24 locales allí emplazados tenían habilitación para funcionar, y ordenó clausurarlos. Tan sólo 48 horas después, todos los comercios consiguieron levantar la clausura, pero el expediente por el Camino de Sirga siguió su curso. "El complejo no pudo haber funcionado 15 años sin habilitación. Cualquier comercio tarda de tres a seis meses para obtenerla. A Costa Salguero le tomó 48 horas. Todos consiguieron habilitación, incluso aquellos que pertenecen a Fernando Polledo", explica Di Filippo en relación a los pabellones 4, 5 y 6, donde se realizó Time Warp, la fiesta electrónica que terminó en tragedia, y que son gerenciados por el marido de Carmen Polledo, vicepresidenta 1ª de la Legislatura.
Para la Ciudad, el Camino de Sirga existía. Pero en las tres recorridas que realizaron Gallardo y la Cámara de Apelaciones, hallaron otro panorama. En la última visita un funcionario judicial tropezó y estuvo a punto de caer al río. "Quedó más que claro que ese camino no era transitable", remarca Di Filippo.
Tras dos fallos adversos, el gobierno porteño apeló al TSJ, pero a pesar de una composición afín al macrismo, la respuesta fue una vez más negativa. Sólo les quedaba el camino de la Corte Suprema, denegado en los últimos días.
"Cuando discutimos el fondo de la cuestión de Costa Salguero y los vínculos con el poder, está claro que el Ejecutivo porteño actuó como un defensor de Telemetrix, y no para cumplir la ley", arguye Di Filippo. "Incluso el espacio donde se casó Mauricio Macri está sobre el Camino de Sirga.

Stinfale, muy incómodo en el penal de Marcos Paz

Víctor Stinfale está impaciente, de muy mal humor. Nunca pensó que podría quedar preso por las cinco muertes de Costa Salguero y encima, el fiscal de la causa se opuso a su pedido de prisión domiciliaria. El cuestionado y poderoso abogado pasa sus días en el Penal de Marcos Paz, una cárcel que no conoce tanto como otras, donde prefiere pasar desapercibido: "Juega a ser tumbero y no habla con los penitenciarios. Conoce los códigos", confió una fuente carcelaria.

"El hombre se jacta de que en cualquier momento vuelve a su vida normal", agregó el vocero, y precisó que Stinfale, sospechado de ser quien movió los hilos para que el viernes 15 de abril se realizara la trágica fiesta Time Warp, convive en un pabellón común con muy pocos internos, donde el Servicio Penitenciario Federal dispuso que "un oficial y un grupo de agentes a su cargo lo monitoreen constantemente".

Stinfale fue detenido el martes cuando se presentó espontáneamente ante el juez Sebastián Casanello, luego de que trascendiera en los medios el pedido de detención del fiscal Federico Delgado, quien cree que el cuestionado abogado fue, a través de Energy Group, "más que un proveedor" de bebidas en la fiesta, sino que "tuvo una presencia material en la reunión y una participación activa en la producción de los hechos". En su dictamen, Delgado indicó que la organización de la Time Warp "fue obra de un conglomerado empresario que tiene múltiples rostros: algunos visibles, como el de Adrián Leonardo Conci, y otros no tanto, como el de Víctor Stinfale y Walter Santángelo". Este último permanece prófugo.

El viernes, la defensa del sospechoso pidió que le concedieran la prisión domiciliaria, debido a que en la Causa AMIA, donde Stinfale está siendo investigado, se comprobó que padece de una arritmia, por lo que debería evitar la cárcel. El fiscal le pidió a Casanello que los peritos del Cuerpo Médico Forense lo comprueben. 

Los millones de un gerente de la AGC

“El gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Iacobaccio, pasó de un patrimonio de 128 mil pesos a 8 millones en apenas cuatro años. Por ser monotributista primero y luego funcionario, no se justifica este incremento”, reveló Gustavo Vera, legislador porteño (Bien Común). Agregó que sólo en este primer trimestre, Iacobaccio facturó $ 1.300.000. Sin embargo, el PRO rechazó crear una comisión investigadora.

Larreta

El legislador porteño del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, denunció penalmente al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por “negociaciones incompatibles” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la tragedia de la fiesta electrónica en Costa Salguero. Días atrás, Larreta se defendía diciendo que “se cumplieron con todos los protocolos. El problema de fondo son las adicciones”.

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