La decisión del gobierno nacional de congelar las licitaciones de obras dentro del régimen de Participación Público Privada (PPP) previstas para 2019 armó un revuelo de dimensiones esta semana dentro de la propia administración pública y entre los empresarios de la construcción.

Apurado por las repercusiones negativas en la antesala del año electoral, el presidente Mauricio Macri resolvió, tras una reunión con sus funcionarios del área, seguir adelante con los seis corredores viales ya licitados. El gobierno congeló los PPP porque las condiciones de la macro local encarecieron el crédito a  los grupos empresarios interesados. El gobierno extendió los plazos para que las empresas puedan negociar el financiamiento con los bancos internacionales mientras que el Estado se hace cargo de los costos.

A pesar de que las obras que se iban a licitar este año seguirán en el freezer, los empresarios recibieron la novedad como una buena señal.

Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya, que reúne a las principales marcas de insumos para la construcción, destacó a Tiempo que la noticia «significa que vamos a tener actividad durante los próximos 18 meses» y agregó que «estas obras son relevantes, de manera que el nivel de la obra pública no se deterioraría mucho».

El empresario aclaró que la decisión oficial de asegurar las obras ya licitadas servirá en el mejor de los casos para que la crisis del sector «afecte menos» pero vaticinó que los proyectos «se van a cumplir porque vamos a estar en el período electoral».

Lo que ya se sabe es que la obra pública por fuera de los PPP, uno de los tan mentados brotes verdes de Cambiemos, es uno de los rubros de la economía que más va a sufrir en 2019. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) derivó en un fuerte recorte presupuestario para el segmento más dinámico de la actividad.

En ese contexto, la suspensión de los PPP cayó como un balde de agua helada y abrió una incógnita impensada.