Los jueces alineados en la Asociación de Magistrados reiteraron su rechazo al pago del Impuesto a las Ganancias y formularon un directo reclamo al gobierno. Sin embargo, el flamante presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, pareció responderles que esa decisión no tiene vuelta atrás, y los exhortó a encarar “cambios que van a ser difíciles de instanciar porque, como todo cambio, implica afectar intereses creados”.

El hombre que reemplazó por propia voluntad a Ricardo Lorenzetti exigió: “Los jueces buenos nos tenemos que constituir en red y comprometernos con hacer posible ese cambio no importa los costos personales e institucionales que debamos pagar”. Pero la mención más sorpresiva de su discurso, de unos tres minutos, se produjo sobre el final: “Brindo por jueces independientes, jueces con autoridad y sin poder y por jueces que sean capaces de instanciar el cambio que la Argentina necesita de sus jueces para poder sentirse orgullosos de ellos”.

El contrapunto ocurrió durante la cena de fin de año de la Asociación, ante la mirada (durante un escaso rato) del ministro de Justicia, Germán Garavano; y de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich. El salón del hotel Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, quedó grande para el acontecimiento. Mesas completas sin comensales y muchas sillas vacías dieron cuenta de una áspera interna que se desató entre los propios jueces y que tiene en las posturas ante los temas ríspidos frente al gobierno una de sus principales explicaciones.

La presidenta saliente de la Asociación, María Gómez Alonso de Díaz Cordero, embistió de lleno contra la decisión judicial de la propia Corte que deja a los jueces que asumieron desde 2017 en condiciones de pagar Ganancias. De hecho, algunos ya comenzaron a ver los descuentos en sus recibos.  “Esa retención implica una auténtica confiscación de los ingresos y provoca una situación de desigualdad y retrogradación afectando fundamentalmente la intangibilidad de su salario dentro de la carrera judicial, en desmedro de la independencia y el principio de igualdad, colisionando principios fundamentales de la Constitución Nacional”.

La jueza compartía mesa con Bullrich y Rosenkrantz, entre otros comensales como el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal;  y su par bonaerense, Julio Conte Grand. Se levantó, fue hasta un atril a pocos metros y subrayó en su discurso: “Corresponde reiterar una vez más y lo haremos hasta el cansancio, que la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces no constituye un privilegio, sino que es una garantía establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia en la administración de justicia, y sus destinatarios no son las personas que ejercen la magistratura sino los habitantes de la Nación, que así gozan del derecho de acceder a una administración de justicia regida por el sistema Republicano de Gobierno establecido por la ley fundamental”. La concurrencia aplaudió.

Inmediatamente después del reclamo y previo al siguiente disertante, la locutora pidió por los micrófonos que “el dueño de un automóvil BMW chapa… por favor córralo de la entrada que obstaculiza la circulación”. La necesidad de liberar el obstáculo generó, así, una situación incómoda e inoportuna.

El presidente entrante de la Asociación, Hernán Monclá, le pidió a “los departamentos del gobierno federal que aseguren la dignidad del salario de actividad y el merecido haber de retiro que nos corresponden”.

“El desafío más grande que hoy enfrentamos está dado en lograr explicar a la generalidad que lo que algunos ven o intentan hacer ver como privilegios personales en rigor de verdad se trata de garantías en favor del conjunto”, afirmó.

Además, proclamó que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos “tienen un interés real en dar una solución definitiva a la demanda social en materia tributaria”, pero trasladó la cuestión al “poder político” al que le reclamó “una actitud receptiva, reflexiva y orientada a lograr la reconciliación entre la justicia y la ciudadanía en ese aspecto y no a ahondar ese enfrentamiento para lograr una mejora en su imagen a costa del derrumbamiento de la nuestra o a robustecer la herramienta de presión a la que muchas veces algunos han echado mano siguiendo intereses subalternos”.

“Si la solución que se pretende desde la política consiste en echar por tierra la tranquilidad económica mínima que debe asistir a quien asume la difícil tarea de disponer del honor, la libertad y la propiedad de sus semejantes, lejos de propiciar una solución claramente estaríamos generando un nuevo inconveniente», completó.

Rosenkrantz habló a los postres y para el brindis final. Reconoció que el Poder Judicial atraviesa “momentos complicados”. Y añadió: “La sociedad ha puesto sobre nosotros ciertas demandas que no son difíciles de honrar y satisfacer. Nos piden mucha más transparencia, mucha más eficacia, mucha más modernidad. Esos tres pedidos requieren de nosotros muchos cambios. No podemos ser autoindulgentes”.