Los trabajadores de Canal 7 convocan a participar este martes a las 14 del abrazo solidario del histórico edificio de Figueroa Alcorta y Tagle que se realizará para protestar contra el vaciamiento de la televisión pública. También comenzarán una juntada de firmas para que vuelvan los noticieros los fines de semana bajo la consigna «Basta de censura y vaciamiento informativo».

A mediados de enero desapareció del aire del canal público el noticiero por primera vez en décadas. Los trabajadores denuncian que se trata de un nuevo capítulo del vaciamiento de los medios públicos que lleva adelante la gestión de Hernán Lombardi. De hecho, el ministro dispuso que la Televisión Pública sea el único canal nacional que no esté presente en Chile para cubrir la histórica visita del papa Francisco.

Lombardi afirmó que es imprescindible ingresar a una “época de austeridad”, porque la Televisión Pública se sostiene con fondos del Presupuesto Nacional. Sin embargo, la ley 26.522 dispone que al menos el 70 por ciento del presupuesto del canal provenga de un gravamen a las empresas de comunicación audiovisual privadas, fondos que van a parar a una cuenta del Banco Nación, que pone (o debería poner) automáticamente el 20 % de ese dinero a disposición de la TV Pública, y que en 2017 lo recaudado fueron aproximadamente 5 mil millones de pesos. 

«Lombardi se niega también a informar a los ciudadanos en qué utilizó esa importante recaudación, que alcanzaría para mantener tres presupuestos como los de RTA, a lo que hay que sumar lo que la Televisión Pública percibe en concepto de publicidad», denunciaron los trabajadores del canal en un comunicado.

Si bien Lombardi anunció «un plan de austeridad» para el canal, asignó sin el concurso que marca la ley, a María Carla Piccolomini, la mujer de su compañero de gabinete, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, con un sueldo bruto superior a los 190 mil pesos mensuales, que cobró hasta hace un mes, y durante dos años.

Lombardi a su vez, contrató a la consultora multinacional Mercer Argentina para motorizar un plan de despidos encubiertos disfrazados de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, y le pagó por el análisis de 60 casos de jubilaciones $ 1.400.000, más el monto que cobrará por las «consultas» vinculadas a la Agencia Télam.

El abrazo solidario al canal público también será la modalidad de protesta contra todos los despidos en el Sistema de Medios Públicos, para exigir la reincorporación de los 16 compañeros despedidas de Radio Nacional y expresar la solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de TDA, Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. En el mismo sentido, servirá para acompañar la pelea de todos los trabajadores de medios privados, como los compañeros de Diario Hoy de La Plata, Radio El Mundo, y los medios del ex Grupo Indalo.

Convoca la comisión interna del Sipreba y están invitados  a participar de la actividad los gremios SATSAID, APJ, SAL y ATRANA y todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales.