El gobierno dio un nuevo paso en su intento por reformar el sistema jubilatorio, con la convocatoria al Consejo de Sustentabilidad Previsional, que tendrá como misión elaborar un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto, tal como lo estableció la Ley de Reparación Histórica sancionada en mayo de 2016. El llamado fue realizado a través de la resolución 255 del Ministerio de Trabajo, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La norma establece que el Consejo será presidido por el ministro de Trabajo, quien invitará a organismos de la administración pública, de cajas previsionales provinciales, municipales o de colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones representativas de los jubilados y de los trabajadores a nombrar delegados para integrar ese cuerpo. El plazo para elevar sus conclusiones es de seis meses.
Aunque los lineamientos que fijó el Ejecutivo son bastante similares a los vigentes, el nuevo sistema podría contener novedades en aspectos clave como edad, años de aporte y proporción de haberes con relación al del personal en actividad. En ese sentido, a comienzos de abril, la cartera de Trabajo presentó los lineamientos de un nuevo Código de Seguridad Social, que intenta ser la piedra basal sobre la que se ordenen todas las normas referidas al tema para evitar diferendos y conflictos judiciales.
El Código propone crear el Sistema Integrado de Seguridad Social (SISS), que reemplazaría a la Anses y que tendría autonomía para crear un modo propio de financiación según la capacidad económica del país. También establece que haya una comisión de expertos que monitoree la calidad de las prestaciones. Tal iniciativa podría ser una base de partida para el trabajo del Consejo.
El Código reconoce y mantiene los regímenes especiales ya existentes. Pero el clima político cambió mucho en las últimas semanas y el presidente Mauricio Macri ya los ubicó como blanco de su ofensiva para reducir el déficit fiscal. «Debemos eliminar las jubilaciones de privilegio. El sistema tiene que ser justo para que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo, dijo Macri la semana pasada.
Los trabajadores judiciales, los docentes y el cuerpo diplomático podrían sufrir las consecuencias, como ya las soportan en el ámbito bonaerense los empleados del Banco Provincia, cuyo régimen de jubilación anticipada fue derogado por una ley impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal. A esto se suma la presión del Fondo Monetario Internacional, cuyos técnicos vienen alertando sobre el déficit del actual sistema y proponen el retorno del régimen de capitalización individual. Estos elementos, seguramente, también estarán en la mesa de discusión.
