A inicios de este mes, al ir a buscar los recibos de sueldo, los empleados del Correo Argentino recibieron un folleto con la leyenda «Cuidemos nuestro Correo». Se trataba de un aviso que promocionaba una línea de denuncias al interior de la empresa; un 0800 interno que sirve para realizar acusaciones anónimas contra los propios empleados. Acto seguido, debieron firmar una planilla para certificar que fueron debidamente notificados de esta particular forma de «cuidar el Correo», que algunos entienden como una forma de ejercer presión sobre los trabajadores.

Los empleados del Correo Argentino, la empresa que dirige Luis Freixas Pinto desde principios de este año, tienen un motivo más para estar preocupados. Con la amenaza de despidos masivos latente desde hace dos años, con un Recurso Preventivo de Crisis vigente y con ajustes que llegan a plasmarse en incumplimientos de acuerdos salariales y en paritarias de apenas el 8%, ahora, además, cada empleado ve cómo se balancea sobre su cabeza la espada de Damocles de la denuncia anónima.

«Para combatir el fraude y la corrupción o cualquier comportamiento no ético, la línea de denuncias es uno de los pilares para toda aquella organización que promueve la integridad y transparencia a la hora de hacer negocios. Es una solución probada y eficaz para reportar y gestionar denuncias, sobre todo en aquellos casos donde un individuo en su carácter de empleado, proveedor o cliente desea mantener anonimato y confidencialidad de los asuntos a denunciar», describe la página web de la prestigiosa consultora multinacional Price Waterhouse Coopers (PWC), empresa contratada por el Correo para llevar a cabo la operación.

Con el 0-800 habilitado, cualquier empleado (en lo práctico, cualquier persona) puede denunciar de manera anónima a cualquier compañero o jefe. Este escenario permite convertir en probable hasta las teorías conspirativas más delirantes.

«Yo podría ponerme de acuerdo con una compañera y acusar a otro de abuso», advierte una empleada del Correo a Tiempo. «Si la empresa quiere echar gente, puede hacerle una cama a cualquiera con mucha facilidad para encontrarle una causa de despido; pueden poner droga en tu locker y denunciar que estás vendiendo en la empresa», razona otro empleado. Las variantes son infinitas. De hecho, PWC intenta resumir las causas de posibles denuncias es una veintena, pero al final agrega la opción «Otros». La lista: «Coimas y fraude; Acoso sexual; Abuso de autoridad y maltrato laboral; Robo o hurto de dinero o de elementos que pertenezcan al correo o personales de los empleados; Violación de paquetes o de correspondencia; Lavado de dinero; Violación del secreto postal; Revelación de información confidencial del correo a terceros; Realización de operaciones irregulares o ilícitas dentro de la empresa; Discriminación; Prácticas contables y de auditoría inadecuadas; Corrupción; Conflicto de interés; Malversación de activos; Delito informático; Incumplimiento de normas; Alteración de registros; Otros».

Tiempo se comunicó con voceros de PWC que no quisieron hablar del tema, ya que «por norma interna global de la firma y cláusulas de confidencialidad contractuales, no tenemos permitido hablar sobre acciones que se realizan con clientes», dijeron.

Los trabajadores coinciden en una queja que surge casi como una obviedad: «La empresa dice que no tiene plata y por eso nos dan una miseria de aumento pero, por otro lado, gasta un montón de dinero en contratar una multinacional para que nos matemos entre nosotros». Sobre la situación, no se han expresado todavía ninguno de los cuatro sindicatos que intervienen en el Correo Argentino. «

La deuda del Grupo Macri

El Grupo Macri volvió a la carga con el propósito de pagar una cifra irrisoria por la deuda que tiene con el Estado argentino por el Correo Argentino. La firma propiedad de la familia presidencial realizó la semana que pasó una oferta muy similar a la de 2016, rechazada por la fiscal Gabriela Boquin que la calificó de «abusiva» ya que significaba condonar «4277 millones de pesos».
El clan Macri pretende pagar 293 millones de pesos que debe de manera nominal. Es decir, pasa por alto que al contraer la deuda la relación peso-dólar era de 1-1. Esa relación es en la actualidad de 28 a 1. Además, en el medio, hubo 17 años de inflación en ascenso. También, los Macri pretenden pagar la deuda en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés del 7% anual. El gobierno tiene 45 días para responder a la propuesta.

Télam: Justicia no avaló despidos

El viernes pasado, el Juzgado laboral N° 22 hizo lugar al amparo pedido por cinco trabajadores despedidos por la dirección de la agencia de noticias Télam y en el que reclamaban su reincorporación. El juez Ricardo Tatarsky consideró ilegales tales despidos y consideró que la dirección de la agencia deberá someterse a las consideraciones legales vigentes, específicamente a lo que dictamina la Ley 24.013, una norma dictada por el menemismo en 1991 y que forma parte del arsenal flexibilizador de aquella época y que sigue vigente.
Los trabajadores evaluaban hacer extensivo el amparo a los restantes 349 despedidos. Por otro lado, no había certeza del momento en que el directorio de Télam apelará la medida.
La decisión judicial surgió dos días después de la presencia de Hernán Lombardi, titular de Medios Públicos, en Diputados, donde fue duramente criticado por los despidos masivos. «