Correo: la fiscal apuntó contra la jueza y denunció vaciamiento

En un dictamen demoledor, la fiscal Boquín describió supuestas maniobras que habrían beneficiado a empresas del Clan Macri en perjuicio de los acreedores del concurso.
29 de Abril de 2017

En un nuevo y contundente dictamen, la fiscal Gabriela Boquín detalló supuestas maniobras del Clan Macri destinadas a vaciar la quiebra del Correo Argentino y perjudicar así a sus acreedores, entre los que se encuentran extrabajadores de la firma y el Estado que gobierna Mauricio, el primogénito del clan. 

La fiscal, que con un dictamen anterior logró frenar el escandaloso acuerdo que beneficiaba a la empresa con una condonación multimillonaria, detalló en su escrito el desvío de fondos del Correo a otras sociedades del grupo. Y critica con dureza a la jueza que lleva la quiebra, Marta Cirulli, quien en un súbito cambio de criterio permitió la presunta maniobra. 

Según consigna Boquín, el 14 de marzo de 2016 la jueza Cirulli ordenó que se le transfiriera al Correo el 50% del producido por depósitos que la firma tenía retenidos en el Banco Ciudad. El dinero, depositado en plazos fijos -en pesos y en dólares-, forma parte de los activos con los que la firma debiera hacer frente a sus deudas concursales. En su momento, la magistrada autorizó las inversiones financieras, pero se negó a acceder al reclamo del Correo, quien pretendía utilizar la mitad de lo obtenido por intereses para, dijo, costear los "gastos" de la sociedad. El cambio de criterio coincidió con los nuevos vientos políticos: el 29 diciembre de 2015, dos semanas después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la nación, el Correo reiteró su solicitud, y en marzo la jueza concedió el deseo que le permitió embolsar a la firma unos 10 millones de pesos. 

La fiscal detalló con fechas y montos los desembolsos, que se extendieron a lo largo de 2016: el 19 de mayo se transfirieron 821.265 pesos; el 24 de junio 161.591 dólares; el 15 de noviembre 397.804 pesos; el 7 de diciembre 426.853 pesos y 23.622 dólares. En total, en 2016, el Correo rescató 1.645.923 pesos y 185.213 dólares de las cuentas que, en las formas, están bajo la custodia del Poder Judicial. 

"La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)", sostiene la fiscal Boquín. En su dictamen, los antecedentes remiten a 2003, cuando el juez Eduardo Favier Dubois dispuso el bloqueo de cuentas de Correo Argentino en Lehman Brothers y el BNP Paribas. En 2004 esos fondos fueron embargados. Sin embargo, en 2006 la Cámara Comercial reintegró parte del dinero para que realizaran inversiones con el argumento de que así se preservaría el valor del capital. Luego de un intento fallido de compra de títulos públicos, esos fondos conformaron los dos plazos fijos en el Banco Ciudad. 

Para 2016, las cuentan contaban con un saldo de 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. El monto se había incrementado respecto de la inversión original debido a la decisión judicial inicial de rechazar el pedido del Clan Macri y reinvertir los intereses. Con Macri ya en la Rosada, el Correo Argentino insistió en que se le transfiriera parte de esos ahorros a una cuenta suya en el Banco Francés. El argumento: que el Correo Argentino SA -una empresa residual tras la reestatización-, sobrevivía gracias al "aporte" de los socios, lo que resultaba "insostenible". 

La jueza Cirulli aceptó los argumentos y ordenó los desembolsos. Pero este año, cuando la firma quiso repetir la operatoria, se topó con la fiscal Boquín. El traspié del Correo fue obra de su propia glotonería: el pasado 10 de abril, en medio del escándalo por el acuerdo con el Estado, la jueza Cirulli volvió a cambiar de criterio y denegó un pedido de retiro por 422.973 pesos y 12.290 dólares. El clan Macri, en lugar de esperar a que calmaran las aguas, apelaron la decisión, lo que llevó el expediente al escritorio de Boquín. 

En su dictamen, la fiscal considera que no se tienen que liberar nuevos fondos para los Macri y tilda de "improcedentes e injustificados" los retiros autorizados por la jueza durante 2016. Boquín sostiene que eso "atentó contra el orden público concursal, perjudica a los acreedores (entre ellos al Estado) y tiene un fundamento sólo aparente", ya que, según describió Boquín, la sociedad contaba con "recursos líquidos" (dinero) suficiente para cubrir la magra dotación que posee la empresa: apenas tres empleados. 

Apuntando a la jueza, Boquín sostuvo que existió una "innecesaria autorización de retiro de fondos conferida atento a que la concursada tendría activos disponibles", ya que hubo "numerosas ventas mensuales de títulos que fueron convertidos en efectivo entre los meses de agosto de 2010 y marzo de 2016 (…) Estas ventas arrojarían un total de activo líquido de $ 27.864.563,63 de agosto de 2010 a marzo de 2016". La mención de las fechas no es casual: el Correo pidió el dinero para, dijo, cubrir gastos ocurridos en 2014. 

Boquín descubrió, sin embargo, que los "gastos" que debía solventar el Correo Argentino beneficiaban al propio Clan Macri. Un ejemplo: según confesó la firma, parte del dinero iría a pagar 144 mil pesos mensuales por el alquiler de un inmueble a Sideco Argentina SA, controlante del Correo y empresa madre del clan. 

La fiscal encontró otros "gastos" extraños en la solicitud del Correo. Pago de cargas sociales a un empleado de 80 años, aportes por "maternidad" a un director que había dejado la firma un año antes y un pago de 15 mil pesos por "conducción, animación, magia con canciones de la fiesta de fin de año". Debe haber sido una fiesta bien surtida: en esa época, entre directores y empleados el Correo contaba con una plantilla de ocho personas. 

"Un emprendimiento sin actividad concreta, con solo tres empleados no puede justificar el nivel de gastos denunciado y menos aun una locación de oficinas en los pisos de su controlante al precio que fuera abonado", concluye Boquín en su dictamen, donde deja en claro sus sospechas: la fiscal cree que el Correo fraguó gastos para vaciar la empresa en beneficio de otras firmas del clan. En su escrito, la funcionaria aclara que trasladará esas sospechas a la justicia penal. «

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