Corrupción y extorsión, pies de barro de la política

Columna de opinión de Martín Piqué, periodista
6 de Junio de 2016

La mitad del año suele llegar para muchos argentinos –no para todos- con una pequeña alegría adicional. A finales de junio o principios de julio, los trabajadores sindicalizados cobran el medio aguinaldo. En este 2016, lamentablemente, pero no por casualidad, lo recibirán muchos menos. En los últimos seis meses la política planificada de ejecutar, alentar o hacer la vista gorda ante los despidos, clave en la estrategia de Mauricio Macri, convirtió al temor a perder el empleo en una de las principales preocupaciones sociales registrada por los focusgroup. 

El no cobro del medio aguinaldo tendrá además una resonancia triste para quienes trabajan en Tiempo Argentino. Para los periodistas, correctores, fotógrafos, diseñadores, administrativos que hacen este diario, el vaciamiento de la empresa Balkbrug, que controlaba el empresario Sergio Szpolski, ex candidato del FpV en Tigre y lobbista del conglomerado de empresas israelíes que venden tecnología de videovigilancia en la Argentina, comenzó en diciembre con una serie de retrasos en el pago del segundo medio aguinaldo del 2015. Szpolski no es cualquier empresario. Integra estructuras de inteligencia desde su ingreso en la vida pública. Uno de sus socios históricos es el radical Darío Richarte, ex número 2 de la SIDE, otro conocido suyo es Jaime Stiuso. 

El limbo en el que se abandonó a Tiempo tiene responsabilidades compartidas. En una de las primeras ediciones de este diario en su etapa cooperativa se contó cómo estaba viviendo la Isla Maciel las primeras semanas del gobierno PRO. El párroco del lugar, Francisco Olveira, hizo el inventario: “Los Fines están en peligro. La provincia no manda leche a la salita. Desarrollo Social, a través de Cáritas, ha enviado alimentos solo una vez en estos seis meses. Dejaron a los pobres en banda.” Todo eso sucede mientras en la pantalla se transmite de modo ininterrumpido la búsqueda de depósitos subterráneos del millonario Lázaro Báez. Está claro que las acusaciones de corrupción y su reproducción permanente en la TV son el campo de batalla: es la prolongación de la lucha política por otros medios.

Los proyectos políticos que intentan reformas democráticas y/o distribución del ingreso suelen ser acusados, una vez depuestos o derrotados en las urnas, de haber sido construcciones políticas basadas en la corrupción. La revancha de la reacción conservadora, sin embargo, ¿exculpa a los gobiernos populares en el caso de episodios de enriquecimiento indebido? ¿La corrupción -al menos una de sus caras, el financiamiento subterráneo de la política-, es una práctica inevitable si se quiere disputar poder? 

Hace dos domingos, Hernán Brienza abrió esta polémica con un texto que quiso provocar –lo logró-, pero que descuidó la sensibilidad de un colectivo que tiene heridas abiertas. “El financiamiento oscuro inevitable que relata Brienza es obscenamente real. Hay que poner énfasis en condenar las acciones corruptas y no prestarse a la ambigüedad”, dice sobre el tema el pintor y ensayista Daniel Santoro, reconocido intelectual del peronismo. “Hay que sincerar la financiación de la política. Si un país quiere tener política, eso en un mundo capitalista cuesta dinero. Eso hay que decirlo. Existe una inevitabilidad de tener que recurrir al Estado como fuente de financiamiento”, acota el jurista Raúl Zaffaroni. 

La mención al desmantelamiento de los derechos en el inicio de esta columna no fue caprichosa. Existe un tipo de corrupción de una dimensión tan grande y estructural que muchas veces es invisibilizada de modo interesado por el poder económico y su brazo ejecutor, los medios concentrados. Porque la apropiación por una elite del producto del trabajo y el esfuerzo de las mayorías –las empresas del Estado son trabajo colectivo acumulado- es un gran acto de corrupción. Así y no de otra forma habría que calificar a la privatización de organismos estatales, la estatización de las deudas privadas de empresarios, la fuga de capitales a gran escala, la evasión planificada con la constitución de empresas off-shore. 

Pero esta corrupción planificada de modo gerencial (“genocidio por goteo”, lo llama Zaffaroni), no debiera de ningún modo ser el argumento autojustificatorio utilizado para no combatir contra el factor que más degrada a toda la actividad política, y sobre todo a la política emancipatoria: los individuos que la ejercen y que aceptan corromperse en búsqueda de beneficios económicos. Hay otro problema, además del moral o ético, con el dirigente político o el funcionario que se enriquece de modo indebido. Es un problema grave, sobre todo para los proyectos que se proponen afectar intereses poderosos: quien se corrompe pierde su libertad y autonomía para afectar intereses de los privilegiados en el futuro. ¿Por qué? El corrompido pasa a ser sujeto pasible de extorsión. “Cualquiera que tenga un antecedente por el cual se lo pueda extorsionar es peligroso. No es libre. Todo aquel que conozca sus andanzas lo puede extorsionar”, reflexiona Zaffaroni. Este debate se produce en un país que se sumerge en la injusticia. Liberen a Milagros Sala. Su encarcelamiento, ilegal e injusto, también es corrupción.

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