La deuda pública sigue tomando volumen y ya se ubica en el 87% del Producto Bruto Interno. El cálculo, actualizado con las últimas emisiones  y con el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, es 30 puntos superior al que el gobierno mostraba con satisfacción hasta el inicio de la crisis cambiaria.

La relación entre deuda y PBI es uno de los coeficientes más utilizados por los economistas para discernir qué tan pesada es la carga del dinero a devolver. Ese criterio permite juzgar el monto, no por su magnitud absoluta, sino según las posibilidades de un Estado de generar divisas. En el caso de nuestro país, para encontrar un nivel tan alto hay que remontarse a 13 años atrás, cuando el gobierno argentino culminó la reestructuración de la deuda luego de haber caído en default a fines de 2001 (ver gráfico en esta misma página). Como referencia, la relación había crecido a 166% en los meses que siguieron al estallido de la Convertibilidad.

El nuevo cálculo fue realizado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), cuyo Observatorio de la Deuda viene siguiendo de cerca los lanzamientos de títulos y bonos de los últimos meses. Así intentó paliar la demora en las estadísticas oficiales, ya que los últimos datos publicados por la Secretaría de Finanzas corresponden a diciembre del año pasado. En ese momento, según la cartera que por entonces tenía nivel ministerial y estaba a cargo de Luis Caputo, la deuda reconocida significaba un 57,1% del producto.

¿Qué pasó para que en siete meses esa proporción creciera 30 puntos? Básicamente, dos cosas. En primer término, el gobierno siguió realizando fuertes emisiones para cubrir sus necesidades de financiamiento, que incluían el pago de vencimientos durante 2018. Así, según el cálculo de ITE, el total de la deuda pasó de U$S 320.935 millones, último dato reconocido por Finanzas, a U$S 359.683 millones al 30 de junio. En esa suma se incluyen los U$S 15 mil millones que envió el FMI al aceptar el pedido de ayuda financiera del presidente Mauricio Macri.

En segundo lugar, la devaluación hizo que la deuda se encareciera en pesos (el 68% de los compromisos son en moneda extranjera) y que, al mismo tiempo, el PBI cayera en dólares. Como la divisa pasó de costar $ 20,50 a un promedio de $ 27,50, el producto que a comienzos de año rondaba los U$S 552 mil millones bajó a U$S 412 mil millones. Esos números explican que el ratio deuda-PBI pasara del 57% que señalaba el gobierno al 87% que sostiene el ITE.

En los próximos meses seguramente la proporción va a bajar, en la medida en que los precios en pesos de los bienes que se producen empiecen a incorporar el nuevo valor del dólar. La pregunta del millón es hasta dónde ese proceso, que ya comenzó y se está reflejando con continuas alzas y remarcaciones, restablecerá el marco anterior a la devaluación. A mayor inflación, más se licuará ese porcentaje. Como referencia, al tratar el caso argentino, el Fondo Monetario calculó que a fin de año la deuda será del 64,5% del PBI.

En alerta

El otro gran acertijo es si esa relación pone en peligro el pago de los compromisos de nuestro país. A esa altura entran a jugar otros ingredientes. Por ejemplo, el perfil de los vencimientos: según el ITE, en 2019 habrá que atender unos U$S 45 mil millones, entre capital e intereses.

El FMI cree que la ratio deuda-PBI bajará en los próximos años; pero al mismo tiempo está preocupado por la alta proporción de bonos nominados en dólares y la posibilidad de que esa divisa se encarezca ante una eventual turbulencia internacional. Por eso avisó en sus últimos informes técnicos que «la deuda argentina es sustentable, pero no con una alta probabilidad».

Lo mismo señaló el Instituto Internacional de Finanzas, entidad con sede en Washington que agrupa a bancos y entidades financieras de 70 países. «Dada su alta dependencia de la deuda nominada en moneda extranjera, Argentina, Hungrí­a, Turquí­a, Polonia y Chile parecen ser los más vulnerables a grandes oscilaciones en los flujos de capitales», indicó la asociación en su monitoreo sobre la deuda mundial.

Otro dato que cobró relevancia a partir del acuerdo con el FMI fue la exhortación a rescatar títulos con tasa cero que Hacienda le había endosado al Banco Central y a otros organismos, como la ANSES. Esa deuda intraestatal, cercana a un cuarto del PBI, era relativizada por el gobierno, que no la consideraba un problema. Ahora, al igual que las Lebac, precisará de nuevas emisiones de títulos públicos para recuperarlos. «