Cristina declaró por escrito en Comodoro Py por la causa Hotesur

El juez Ercolini la citó a indagatoria por supuesto lavado de dinero a través del hotel de la familia en Santa Cruz. La ex presidenta presentó un escrito.
9 de Noviembre de 2017

La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner se presentó para ser indagada en la causa conocida como Hotesur, en la que se la investiga por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

La ex mandataria adelantó su llegada a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, prevista para las 10 y arribó cerca de las 9 acompañada por su abogado Carlos Beraldi y presentó un escrito en el que rechazó la acusación en su contra. 

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Según adelantaron desde su entorno, la ex jefa de Estado se presenta ante el juez federal Julián Ercolini, escuchará la imputación en su contra y podría realizar un breve descargo oral, pero no responderá preguntas.

A pesar de que la ex mandataria pidió a través de las redes sociales que la militancia no la acompañe, en los tribunales federal de Comodoro Py hay un fuerte operativo de seguridad que dejará blindado el cuarto piso, donde se desarrollará la indagatoria.

La ex presidenta está acusada de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.

La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate (Santa Cruz) que, según el expediente judicial, fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y luego a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.

En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana que viene.

Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita".

De acuerdo a la investigación, desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.

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