Temor al desempleo, insatisfacción salarial y descontento con los sindicatos que deberían representarlos. Esos son algunos de los ingredientes del cóctel que está empujando a los trabajadores en la calle y que sembró de movilizaciones el escenario porteño en las últimas semanas. Los datos surgen con nitidez de un relevamiento que encargó la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

El estudio, llevado a cabo por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de esa facultad, se basó en las respuestas brindadas por 1007 trabajadores en relación de dependencia. De ellas surgió que el 40% de los interrogados percibe que peligra su fuente de empleo. El temor asciende entre las personas con menor nivel educativo, trepando hasta el 45,9% entre aquellos que acreditan hasta la escuela primaria completa, y atraviesan todo tipo de establecimientos laborales, sean del sector público o privado y alberguen a mayor o menor cantidad de asalariados en su planta. En el sector público, asociado históricamente a cierta estabilidad laboral, el 31,2% de los encuestados considera en riesgo su puesto. 

En cuanto a las remuneraciones, el 75% de los encuestados sostuvo que su sueldo no cubre sus necesidades y el 60% cree que su salario no concuerda con sus capacidades o su esfuerzo. Por último, se preguntó por la percepción ante el rol de los sindicatos en la defensa de sus derechos: el 56% no se siente «defendido» y un 70% no se considera «representado» por el sindicato que le corresponde por su rama de actividad. Entre los segmentos que menos se incluyen bajo la categoría «representados», figuran quienes tienen entre 30 y 44 años (79,6%), las mujeres (76,1%) y los trabajadores con menos de un año de antigüedad en el puesto (80,5%). 

Ese cuadro de situación puede explicar la sucesión de movilizaciones que se produjeron en las últimas semanas. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el 1º de enero y el 23 de marzo hubo 118 marchas y manifestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las que 83 fueron de índole exclusivamente laboral, mayoritariamente adjudicables a despidos, a protestas por el techo impuesto a las paritarias y a la renuencia del Estado a intervenir en los reclamos salariales. De ellos el 71% afectó la circulación, situación que generó en el gobierno gran preocupación (recogida y amplificada por varios diarios como Clarín y La Nación) y un debate sobre la necesidad de acallar las protestas, aunque sin profundizar en las causas que les dan origen. «