La justicia Federal condenó a prisión perpetua a cuatro de los cinco militares del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, La Plata, acusados por el asesinato de una pareja de militantes y el secuestro y tortura de la hija mayor, una nena de 12 años, que fue ingresada al circuito de centros clandestinos de detención de la dictadura cívico militar y pasó por El Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada. El militar sobreseído, Enrique Barreiro, está procesado junto al ex jefe del Ejército, César Milani, en una causa por enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata condenó a prisión perpetua al entonces segundo jefe del Batallón de City Bell Carlos Alberto Bazán, el ex oficial de Inteligencia de esa misma unidad, Francisco Ángel Fleba, el ex oficial de Operaciones Eduardo Arturo Laciar y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero. El quinto acusado, el ex subteniente de la Compañía B; Eduardo Enrique Barreiro, fue absuelto por el beneficio de la duda.

Los cuatro fueron considerados coautores de los homicidios agravados de los militantes de Montoneros María Nicasia Rodríguez, de 34 años, y Arturo Alejandrino Jaimez, de 22, asesinados con múltiples disparos de armas de fuego en el marco de un operativo que la dictadura realizó el 6 de septiembre de 1977. También los condenaron por las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos que sufrió Marcela Quiroga, la hija mayor de Rodríguez, quien sobrevivió al ataque.

En el veredicto, los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Germán Castelli, consideraron los delitos como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, pero exculparon a los militares de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de dos menores: el hermano de diez años y la hermana de 18 meses de la nena secuestrada, que permanecieron desaparecidos más de una semana. Los argumentos de esa decisión habrá que buscarlos entre los fundamentos del veredicto que los magistrados tendrán disponibles para el 6 de febrero próximo.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre cuando los militares del Batallón de Comunicaciones 601 atacaron la casa prefabricada del barrio de Villa España, en Berazategui, donde vivían la pareja y los niños. Durante el ataque los mayores resistieron y los menores se refugiaron en el baño, la única habitación de paredes sólidas. El tiroteo fue feroz: del operativo participaron entre 900 y mil soldados, conscriptos y oficiales de las Compañías A, B, de Comando y de Servicio.

Pero los niños sobrevivieron. La nena de 12 años fue secuestrada y enviada a los centros clandestinos de detención donde sufrió abusos sexuales, fue torturada y obligada a señalar en la calle a compañeros de militancia de su madre. Su hermano de diez años y su hermana de un año y medio de edad estuvieron desaparecidos durante ocho días. En ese lapso, pasaron por diferentes dependencias policiales hasta que fueron entregados a sus familiares, tras una incesante búsqueda por parte de su padre. Este lunes, los jueces no sancionaron a los militares por esa desaparición de más de una semana.

“Estoy conforme. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo Marcela Quiroga este lunes, al finalizar el debate. “Fue un camino difícil pero estamos conformes, hicimos justicia para nuestra familia”, completó antes de hundirse en un abrazo con su hermana Marina, que también presenció entre el público la lectura de las condenas.

El sabor amargo fue por la falta de condena por las el secuestro de sus hermanos. Y por la absolución de Barreiro.

El ex subteniente fue absuelto por el principio del beneficio de la duda previsto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación («In dubio pro reo»). El militar fue procesado con un embardo de dos millones de pesos por el juez federal Daniel Rafecas junto al ex jefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito en una causa por la compra de una casa de La Horqueta.

Los fiscales federales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira habían solicitado para Barreiro la misma carga que para los otros cuatro imputados: la máxima pena prevista por el código penal. Como a su colega en La Rioja, la justicia platense lo benefició en la causa por crímenes de lesa humanidad.