Cuba pidió a Estados Unidos su «cooperación eficiente» para concluir la investigación que puso en marcha para esclarecer el supuesto «ataque acústico» que sufrieron diplomáticos estadounidenses en la embajada de su país en La Habana y consideró que seria «lamentable» que se politizara el tema.

«Hasta el momento no hay evidencias de las causas y el origen de las afecciones de salud reportadas por los diplomáticos estadounidenses», afirmó la Cancillería cubana en un comunicado divulgado tras la reunión celebrada en la tarde de este martes en Washington entre el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, y el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson.

El encuentro, que duró apenas 15 minutos, se desarrolló en el edificio de la Secretaría de Estado y se hizo a petición del gobierno cubano luego de que la administración de Donald Trump manifestara que las supuestas «acciones acústicas», ocurridas a finales del año pasado, han provocado problemas de salud a al menos a 21 diplomáticos estadounidenses que estaban destinados en Cuba.

Durante esa reunión, según informó Cuba en el comunicado que reproduce la agencia de noticias EFE, Rodríguez aseguró que la investigación para esclarecer este asunto «sigue en curso» y que su país tiene «gran interés en concluirla».

Esa investigación, agregó el diplomático, es un asunto «prioritario» para Cuba y que sería «lamentable que se politizara» un asunto de esta naturaleza o se tomen «decisiones apresuradas y sin sustento en evidencias ni resultados investigativos concluyentes».

Destacó además la «seriedad, celeridad y profesionalismo» con que las autoridades cubanas han asumido la investigación, que se inició, «por indicación del más alto nivel» del Gobierno del país caribeño, señala el comunicado. Rodríguez le dijo a Tillersón, además, que en Cuba no existen «precedentes» en casos semejantes, pero que se han adoptado «medidas adicionales» de protección a diplomáticos estadounidenses y sus familiares.

«Esto ha sido reconocido por los representantes de las agencias especializadas de EE.UU. que han viajado a Cuba, a partir del mes de junio, cuyas visitas han sido valoradas positivamente por las contrapartes cubanas», añade el comunicado de la Cancillería. Aseguró además que el gobierno de la Isla «no ha perpetrado nunca ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra diplomáticos» y que tampoco «ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros para este propósito».

En este contexto, la decisión de Washington de expulsar a dos diplomáticos cubanos fue «injustificada», dijo Rodríguez, quien sostuvo que Cuba cumple «rigurosamente» sus obligaciones con la Convención de Viena sobre la protección de la integridad de los diplomáticos. El Departamento de Estado, por su parte, afirmó que «la conversación fue firme y franca y reflejó la profunda preocupación de Estados Unidos por la seguridad y protección de su personal diplomático», informó la agencia de noticias DPA.

«El secretario (Tillerson) transmitió la gravedad de la situación y subrayó la obligación que tienen las autoridades cubanas de proteger al personal diplomático y sus familias bajo la Convención de Viena», añadió el escueto comunicado difundido por el gobierno de los Estados Unidos, con la firma de la portavoz Heather Nauert, replicado por la agencia DPA.

No obstante, el canciller cubano confirmó a Tillerson la «voluntad» de Cuba de continuar el diálogo bilateral sobre temas de interés común, sobre la base del «respeto y la igualdad soberana, pese a las profundas diferencias existentes» entre ambos países.

Este episodio pone un elemento de tensión más en las relaciones diplomáticas que el gobierno de Cuba y el gobierno del ex presidente Barack Obama restablecieron en la segunda mitad de 2015, luego de más de medio siglo de confrontación.

El actual mandatario, Donald Trump, quien llegó a la Casa Blanca en enero de este año, tomó diversas medidas para revertir las reformas que impulsó Obama, pero mantuvo abierta la embajada, ubicada sobre el malecón de La Habana. Trump dijo que su administración no levantará el embargo contra Cuba hasta que lleve a cabo reformas fundamentales, si bien la atribución para levantar ese embargo en forma completa no es resorte del gobierno sino del Poder Legislativo estadounidense.