Cursos de género para un Congreso menos desigual

Entrevista a Andrea Daverio, consultora de un programa de la ONU para fortalecer la perspectiva de género en ambas Cámaras, con asistencia obligatoria, trabajos prácticos y evaluación.
26 de Octubre de 2017

Andrea Daverio es politóloga y especialista en Género y Políticas Públicas. Con un amplio historial en docencia e investigación en la temática de Género y una experiencia laboral voluminosa como diseñadora de programas, capacitadora, evaluadora y consultora externa, ha bregado con continuidad por la incorporación de la mirada de género en diversos ámbitos públicos de nuestro país, atravesando la producción de conocimiento e interpelando un problema “que no es sólo de mujeres sino que involucra a toda la sociedad”.

Un hecho notable de su labor actual reside en  ser consultora de los equipos de capacitación de los "Cursos de Género y trabajo legislativo" en el Congreso para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una iniciativa conjunta de fortalecimiento de las capacidades para la promoción del enfoque de género en el trabajo legislativo, en la cual participan el PNUD, el Instituto Nacional de las Mujeres, las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.

En charla con Tiempo, la especialista ilumina la importancia de la formación técnica de las funcionarias y los funcionarios, asesoras y asesores del Congreso –dejar de actuar por “el sentido común”– para pensar cuestiones que van desde la construcción de una problemática, una iniciativa de ley o el debate de propuestas sobre el cambio social.

La conversación sucede en el barrio de Coghlan, sobre la calle Holmberg, muy cerca de la estación de trenes, en un bar que cuenta con servicios sanitarios no sexistas y comida artesanal. Su elección por el punto de encuentro no es mínimo: la preocupación de Daverio por espacializar la perspectiva de género, la consideración de la facilidad de acceso y la subjetividad de quienes intervienen en la confluencia atraviesa todo. Y más: en la apertura, reflexiona sobre los cambios que sufrió el barrio por el mercado inmobiliario y cómo las obras públicas deben considerar la perspectiva de género al efectuar los trazados: las mujeres en el mapa, en la distribución del tiempo, en su despacho o en el uso del lenguaje.

-Hay personas que todavía creen que no es necesario que haya la misma cantidad de funcionarias que de funcionarios en el Congreso. ¿Qué pensás?

-La paridad es una iniciativa para contribuir a transformar la sociedad, las instituciones y las reglas. Hay que llevar adelante estrategias de diferente tipo. Los que son medidas de acción afirmativas, como las leyes de cupo, están orientadas a corregir esa desigualdad entre la representación entre los varones y mujeres.

-¿Qué garantiza la paridad?

-Implica garantizar el acceso y la participación en los procesos de toma de decisiones en todas las esferas de la vida sin discriminaciones entre mujeres y varones y en condiciones de igualdad. Busca acercarnos a la igualdad. Lo cual no garantiza, claro, que la productividad legislativa esté orientada a la promoción de la igualdad de género. Pueden ir de la mano, pero no son necesariamente lo mismo. No podemos orientar qué va a hacer esa legisladora que tiene derecho a estar allí. La ley de cupo en la Argentina ha sido muy exitosa, supera en más de un 40%. Pero, hemos entrado una meseta y por eso es necesario seguir discutiendo la paridad. En ese sentido es muy interesante el último Informe Atenea sobre la paridad política en Argentina elaborado desde PNUD, ONU MUJERES e IDEA, presentado este año.

-¿Qué estrategias desarrollan en la formación?

-Es una propuesta que busca aportar herramientas prácticas para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo en Argentina, pensada para fortalecer las capacidades de quienes trabajan en la tarea legislativa.

-¿Quiénes participan en los cursos de capacitación en el Parlamento?

-En esta instancia están orientados a asesoras, asesores, personal de las comisiones que intervienen en la tarea legislativa. Por un lado, se revisa de qué modo la igualdad de género está presente en el espacio legislativo como lugar de trabajo. Esto debería hacerse en todos los espacios, también en los privados, claro. En este caso, se trata de un poder del estado y de quienes participan de diferentes modos de la labor legislativa.

-¿Qué enseñan?

-Se orienta a ver cómo se legisla desde el enfoque de género, cómo se piensan los problemas, el grado de incidencia de los agentes y las funcionarias y funcionarios que colaboran en la construcción de los problemas. Por otro lado, enseñamos a hacer un autodiagnóstico: ¿Cómo me doy cuenta de que hay desigualdad de género? Y luego, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Es de sensibilización e invita a la reflexión.

-¿Qué etapas transitan?

-Son procesos de reflexividad y autodiagnóstico, sobre ellos y sus prácticas como agentes públicos. Se piensa en el Estado y de qué manera aprender a hacer un análisis de género, cómo se detectan y se vuelve visibles las desigualdades, todo lo que en general, está naturalizado: “la trampa del género”. En el Senado podría ser la naturalización en las bromas, el uso del lenguaje, la asignación del espacio físico, la asignación de las presidencias de las comisiones hasta una propuesta de ley. Todo implica pensar sobre la desigualdad de género, cruzada con otras desigualdades como edad, clase, etnia.

-¿Con qué se encuentran en el Poder Legislativo? ¿Cuál es el diagnóstico?

-En general, la mayoría de las y los profesionales que están en estos espacios nunca han transitado lugares donde pensar sobre estos temas. Y a medida que se va desarrollando, genera más interés. En algunos casos, no se ha pensado más allá de las etiquetas, las modas, o la propia normativa. Aquí ha habido compromiso de las autoridades de las Cámaras porque son cursos con asistencia y un trabajo final con evaluación. Es decir, no es una charla, hay cuatro módulos de trabajo con ejercicios, con bibliografía y deben cumplir con una entrega final en la que pueden conectar los conceptos del cursos con sus intereses y las tareas en donde están trabajando. Por ejemplo, el espacio del despacho o revisar una normativa.

-¿Hay algo que te sorprendió durante el desarrollo de la formación?

-Somos un equipo de varias docentes integrado por consultoras de PNUD y profesionales del INAM. Y a lo largo de los cursos han surgido cosas muy interesantes. Una de las primeras es cuando algunas o algunos de los asistentes profesionales dicen que no entienden por qué hay que usar el lenguaje inclusivo. Lo decían porque no lo entendían y reconocían que era importante para comprender de qué se trata el lenguaje. Hay un uso mecánico en donde no está la oportunidad de reflexión: ¿qué quiere decir que el lenguaje es sexista, que incluye o excluye? ¿quiénes están dentro o fuera? Esto sucede en un espacio donde no fueran descalificados como “progresistas” o “a la moda”, “machista o patriarcal”. Son oportunidades que tenemos para transformarnos ,genuinas; qué pensamos acerca de los intereses de las mujeres y los varones, de las personas trans, en donde, efectivamente ocurra el proceso de deconstrucción y no de una apropiación “cosmética”. En ambas cámaras, hablamos, por ejemplo ,sobre la importancia de quienes forman parte de los equipos de trabajo den las Comisiones para definir los horarios.

-¿Se ven estas cuestiones?

-Ha costado mucho detectarlo. Por ejemplo, el hecho de que todas las reuniones sean a las nueve de la noche, sin pensar quiénes son las personas que están trabajando, si son varones, si son mujeres en edad reproductiva, si son mujeres que tienen hijos chicos o si son hombres con niños a su cargo. También si son varones o mujeres que tienen resueltas las tareas domésticas o no. Esos criterios de diversidad deben estar porque somos sujetos sexuados, con clase, con orientación sexual. El pensar la desigualdad de género en las instituciones del Estado implica poner en discusión esa neutralidad, el carácter asexuado para volver visible de qué se trata, quiénes trabajan y sobre quiénes se legisla, cómo se construye un problema público. Este curso apunta a eso, al diagnóstico, a la reflexión y a apropiarse de herramientas prácticas para, no sólo pensar, sino hacer y a producir cambios. Busca contribuir a valorar los efectos de las medidas legislativas en las relaciones de género. Pero también a propiciar la idoneidad técnica en la incorporación de la perspectiva de género de quienes contribuyen como asesoras y asesores a elaborar las leyes desde uno de los poderes del Estado. Sin dudas que eso contribuye a mejorar la calidad de las instituciones.

Universidad Nacional de Lanús

Como directora de la Especialización en Género y Políticas públicas y Sociedad, Andrea Daverio coordina un equipo docente de excelencia y de distintas áreas para carreras de Grado y Posgrado en la Universidad de Lanús, una institución que despunta por haber agregado a la currícula Género como materia obligatoria, en la carrera Seguridad Ciudadana, a la que asisten agentes policiales de distintas fuerzas como así también civiles. Ver Género, Políticas públicas y Sociales de UNLA aquí.

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