Tras los reclamos de organismos de Derechos Humanos en la Comisión Interpoderes, la Cámara Federal de Casación Penal dictó una serie de medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad.

La resolución fue firmada por el presidente del cuerpo, Alejandro Slokar, y los demás integrantes de la Cámara, Ana María Figueroa, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.

Los camaristas instaron a «requerir la cobertura de las vacantes de magistrados existentes en los tribunales federales de todo el país» y «solicitar la habilitación de los tribunales orales en lo criminal y federal y de sus cargos creados por ley».

Este lunes, y luego de más de un año sin reunirse, la Corte Suprema volvió a convocar a la Comisión Interpoderes para debatir los principales escollos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Allí, los organismos de derechos humanos plantearos sus cuestionamientos por las serias demoras y la necesidad de acelerar los procesos. Los organismos, además, mantuvieron una reunión con Slokar, presidente de la Cámara de Casación, en el mismo sentido.

El dictamen advierte sobre «la urgente necesidad de que sean cubiertas las numerosas vacantes existentes» en los Tribunales Orales Federales de todo el país, estimadas en 26% de los magistrados que los conforman.

La Cámara también exhortó a los tribunales a «realizar el máximo esfuerzo para agilizar el trámite y la resolución de los procesos complejos de lesa humanidad».

En un voto diferenciado, el camarista Eduardo Riggi solicitó que se sumen también los casos de delitos como «trata de personas, narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, terrorismo, graves afectaciones ambientales y a la seguridad de la población».

Además del votó en soledad de Riggi, se destacó la ausencia de la firma de los camaristas Pedro David, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani.

Catucci tuvo un fallo polémico muy reciente junto a Riggi: ambos camaristas consideraron que los fusilamientos de la Masacre del Rosario en Catamarca en 1974 fueron un “exceso” de las fuerzas represivas y no se trató de un delito de lesa humanidad, con lo que anuló las condenas a los responsables.

Gemignani, recordado por haber ordenado la detención de una secretaria en plena feria judicial, dictó junto a Riggi la falta de mérito al empresario azucarero Carlos Blaquier, acusado por delitos de lesa humanidad en Jujuy.

David, por otro lado, recientemente anuló junto a Slokar la prisión domiciliaria al represor de la ESMA, Juan Carlos Rolón.

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