Deben aportar más quienes más tienen

La crisis agravó las inaceptables brechas de desigualdad que ya caracterizaban a nuestro país y evidenció las limitaciones de un Estado que no logra garantizar los derechos básicos de toda su población.
(Foto: AFP)
Opinión
Por Julieta Izcurdia - Abogada de ACIJ*
20 de septiembre de 2020

La propuesta oficial de "aporte solidario y extraordinario" alcanzaría a los patrimonios de más de 200 millones de pesos que poseen las 12 mil personas personas más ricas de la Argentina, quienes representan menos del 1% de la población económicamente activa. Si bien se trata de una medida esencialmente redistributiva, es sumamente limitada porque se cobraría por única vez y solo permitiría enfrentar algunos costos de la crisis.

Si bien no contamos con información precisa sobre la acumulación de la riqueza, en nuestro país la desigualdad se manifiesta claramente en la distribución de los ingresos: el 20% más rico acumula la mitad del ingreso total y más del 40% vive en la pobreza, contando con apenas el 14% del ingreso total. La brecha se agrava en el caso de las mujeres (que representan el 70% del decil más bajo de ingresos) y en niñas y niños (sobre quienes la pobreza asciende al 60%). Esta situación es perpetuada por un sistema impositivo que recauda más (en términos proporcionales) de los sectores que menos tienen en lugar de hacerlo sobre los de mayores ingresos y riquezas.

Ello se debe, entre otros motivos, al fuerte peso que tienen los impuestos al consumo de bienes y servicios (como el IVA), que explican el 43% del total de la recaudación nacional y el 65% de la recaudación de impuestos, y afectan desproporcionadamente a los sectores más pobres, que destinan casi todos sus recursos al consumo de alimentos y bienes de primera necesidad.

Paradójicamente, los impuestos patrimoniales, que gravan la riqueza acumulada de las personas que más tienen, aportan menos del 1% de la recaudación nacional, una cifra insignificante comparada con el aporte de los impuestos a los consumos. El importante peso de estos últimos, junto con la bajísima recaudación patrimonial y los elevados beneficios y exenciones fiscales, que suelen convertirse en privilegios para sectores de altos ingresos, hacen que el sistema tributario tenga un carácter predominantemente regresivo.

La crisis agravó las inaceptables brechas de desigualdad que ya caracterizaban a nuestro país y evidenció las limitaciones de un Estado que no logra garantizar los derechos básicos de toda su población. Según estimaciones de la CEPAL, si el Estado no interviniera para mitigar los efectos de la pandemia, la pobreza podría aumentar hasta un 10% en Argentina.

Para contar con fondos suficientes que permitan enfrentar la crisis y sentar las bases para revertir la inadmisible desigualdad estructural en que vive la mitad de la población, no alcanza con un aporte extraordinario y por única vez, mucho menos si es concebido como un favor que los sectores económicos más poderosos hacen al resto de la sociedad, cuando son ellos quienes se han beneficiado históricamente en el reparto de la riqueza y el ingreso debido, entre otros factores, a la existencia de un sistema impositivo regresivo, injusto e inequitativo. Es momento de debatir en profundidad el rol de los impuestos para avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria.

En Argentina ya existe un impuesto nacional que grava la riqueza: el impuesto a los bienes personales. En los últimos años este impuesto ha pasado de representar el 1,2% de la recaudación nacional en 2015 al 0,6% en 2019, un aporte ínfimo que se explica, en gran medida, porque no alcanza a las grandes riquezas de forma progresiva. Así como este impuesto, hay otros que gravan la riqueza y los ingresos (como los subnacionales a los inmuebles rurales y urbanos, y el impuesto nacional a las ganancias) cuyo potencial redistributivo está subutilizado.

El sistema tributario es la principal herramienta para obtener recursos y es decisivo de qué manera lo hace. Al recaudar, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad o aumentarla. Para reducirla, además de un gasto público suficiente, necesitamos una recaudación equitativa, que no deposite las mayores exigencias en los sectores más vulnerables como hasta ahora. Eso solo podremos conseguirlo si los impuestos se cobran de acuerdo a la capacidad contributiva que posee cada contribuyente.  «

*Abogada del Programa de Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

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