“Averiguación de personas”. Eso contestaron los tres efectivos de Prefectura Naval que, armados, pedían documentos y anotaban en planillas los datos personales de los estudiantes y docentes del Instituto Profesorado de Arte “Adolfo Ábalos” de la ciudad de Mar del Plata (IPA), que el miércoles 16 de agosto salían de cursar del establecimiento.

El repudio no se hizo esperar. “El equipo directivo, docentes y estudiantes, el Consejo Académico Institucional, la Asociación Cooperadora, el Centro de Estudiantes y la comunidad del Instituto Profesorado de Arte ‘Adolfo Ábalos’ hacemos público este hecho a fin de alertar a otras instituciones, visibilizarlo y desnaturalizar estas prácticas. No a la presencia armada intimidatoria de fuerzas de seguridad en el IPA”, difundió la institución a través de un comunicado y evaluaron el accionar de Prefectura como “de abuso de poder, violencia institucional” y que “nos remite a prácticas del pasado oscuro de la Argentina”.

Además, se le solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación “una respuesta fehaciente, de asesoramiento respecto a esta situación y un compromiso para que no vuelva a suceder”, ya que, según denunciaron, “este no es un hecho aislado, sino parte de una política de criminalización de la juventud que se está profundizando día a día”.

En ese sentido, desde el IPA recordaron: “En los meses de abril y mayo, en la provincia de Buenos Aires, al menos ocho instituciones educativas fueron escenario de operativos represivos enfocados a estudiantes, algunos incluso con compañeras y compañeros detenidos. Gran parte de este año en Mar del Plata tuvimos ejemplos similares en varias escuelas primarias y secundarias, o la reiterativa presencia policial en las marchas organizadas entre centros de estudiantes terciarios y secundarios en defensa de la educación pública, pidiendo datos de cada estudiante, incluso menores de edad”.

También contaron que “no es la primera vez que un hecho de este tipo sucede en el IPA” en relación a que luego de la toma del Consejo Escolar el año pasado, “llegaron cartas de la policía pidiendo información personal acerca de la presidenta de nuestro centro de estudiantes”.

“Hoy –continuó el comunicado–, el intendente Arroyo y la ministra Bullrich, son responsables de la presencia policial en nuestros espacios estudio y deben dar explicaciones. No debemos aceptar ni naturalizar estos hechos”.

“Dos efectivos de Prefectura estuvieron un rato, cerca de las 16:30, pidiendo documentos a los compañeros y compañeras, según dijeron por un operativo de rutina, como si fuera normal. Pero lo cierto es que Prefectura es una fuerza nacional y no puede estar en la puerta de una institución educativa pidiendo documentación”, explicó Ignacio Román, que pertenece al Centro de Estudiantes del IPA, en diálogo con el portal local 0223.

“Queremos enmarcar esta situación de avance represivo hacia la juventud, con otros hechos ocurridos desde abril y mayo de este año, en las que hubo ocho situaciones de este tipo en el ámbito provincial y nacional, pero la que más trascendió mediáticamente fue la de una escuela de Banfield, donde incluso hubo persecución a estudiantes militantes”, finalizó el joven estudiante.