Denuncian persecución penal a radios comunitarias

Distintas emisoras del Conurbano sufrieron allanamientos y algunos directivos fueron demorados por la policía. La comunidad, en estado de alerta.
28 de Abril de 2017

Las consecuencias de los cambios normativos dispuestos por el gobierno nacional a través del Enacom en materia audiovisual y de telecomunicaciones también se hacen sentir en las emisoras del Conurbano bonaerense, que padecen la crónica deuda incumplida de la elaboración de un plan técnico de asignación de frecuencias por parte del Estado, y que ahora suman el accionar de procedimientos sumarísimos que incluyen no sólo el decomiso de equipos, sino también el traslado y la “demora” en comisarías de los dueños, con causa judicial penal incluida.

Este martes, la Policía Federal, por orden de allanamiento cursada por el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 2 de Morón, allanó y secuestró equipos en las instalaciones de Radio M FM 104.1 de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Además en FM Fórmula 87.7, ubicada en Agustín Ferrari, partido de Merlo, se llevaron en calidad de “demorados” al titular de la radio matancera Ariel Montes, así como a dos periodistas de la emisora merlense, a la delegación Morón de la PF, ubicada en Salta 377, donde se les labró actas.

Al menos en el caso de Montes, se inició un proceso penal a raíz de un acta de infracción de febrero pasado por presuntas interferencias en la señales de radiofrecuencias de aviación. Según supo Tiempo, alrededor de las 17 de este martes Montes pudo volver a su casa, cuando el procedimiento se inició por la mañana.

Desde la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de la Matanza (UCAYA) que agrupa a cerca de 60 emisoras del oeste bonaerense, manifestaron su repudio “a los decomisos realizados este martes 25 de abril por el ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, a radios comunitarias del Oeste del conurbano bonaerense. Asimismo denunciamos y rechazamos la inusitada violencia y arbitrariedad con que fueron realizadas las acciones a cargo de funcionarios del mencionado organismo contra las emisoras Radio M, 104.1 de Virrey del Pino y 87.7 FM Fórmula de Merlo”.

Según UCAYA, “valiéndose de una orden judicial amparada en la nueva normativa dispuesta por el gobierno de Cambiemos que busca cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación comunitarios y populares, el responsable de Radio M fue llevado detenido por fuerzas policiales”. La Unión sostiene: “Es una situación que creíamos haber dejado atrás al menos en los últimos años de nuestra democracia. Fue tratado como un delincuente en una clara demostración del Estado policíaco que, según creemos, está construyendo el Gobierno Nacional. Por este motivo Ucaya se encuentra en estado de alerta permanente”. Por ese motivo, Ucaya anunció que concretará un plenario ampliado este jueves 27 de abril en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), Florencio Varela 1903, con la presencia de abogados, especialistas y representantes de la Coalición por Una Comunicación Democrática, “para asesorar a los medios en estas circunstancias tan especiales”.

Desde la CCD, por su parte, pusieron a disposición de las radios un protocolo, debido a las resoluciones 9435-ENACOM/2016, de diciembre pasado, y 2064-ENACOM, de este mes de abril. La primera dispone un protocolo para “interferencia de aeropuertos” y la segunda, faculta a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a disponer clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas "no autorizadas o en infracción” incluyendo las de radiodifusión.

El artículo 162 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –que sobrevivió al decreto presidencial demoliendo la mayor parte de la norma – establece que “hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización del espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización” y así como “los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión”.

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