La demanda presentada contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la que se lo acusa de haber participado en una decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que benefició a la firma Axis, activó denuncias de legisladores nacionales que aseguran que el FGS se maneja con escasa transparencia. En tanto, desde el sector financiero defendieron el accionar del Comité Ejecutivo del FGS al señalar que «es una práctica común» del FGS la contratación de fondos comunes de inversión como Axis para realizar inversiones específicas.

 Dos diputados que forman parte de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social coincidieron en advertir que esa comisión no se reúne desde el año pasado y que su titular, el oficialista Néstor Braillard Poccard, no la convoca y boicotea su funcionamiento.

En diálogo con Tiempo, la diputada por el massismo Mirta Tundis, dijo que «hubo una reunión el año pasado, cuando el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, se presentó an te la Comisión tras la sanción de la ley de Reparación Histórica (de los jubilados) y dijo que el FGS había dado ganancias. Luego no hubo más información de la ANSES».

En el mismo sentido se manifestó el diputado kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, secretario de la Comisión. El legislador aseguró que «no hay informes, nadie nos dice nada sobre el estado de las cuentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad».

Según el artículo 11 de la Ley 26.425 de 2008, que creó el Sistema Previsional Argentino (Sipa) y la Comisión Bicameral, ésta » deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.»

Sin embargo, según los diputados consultados, eso no sucede.

Tanto Tundis como Díaz Roig aseguraron que presentaron pedidos de informes y cuestiones de privilegio en los que reclamaron datos concretos sobre los movimientos financieros del FGS. También preguntaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el tema. «Lamentablemente, no hemos obtenido respuesta», aseguró Díaz Roig.

Tundis agregó que reclamó la presencia de quien oficiaba como subdirector Ejecutivo de Operación del FGS (que a la vez es el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo del FGS), Luis Blaquier, primero, y Juan Martín Monge Varela, después. «No logramos que ninguno de los dos asistiera».

Los dos legisladores adjudicaron a Braillard Poccard responsabilidad en el nulo funcionamiento de la Comisión Bicameral. «El oficialismo no se presenta a las reuniones de la Comisión, la vacían», advirtió la legisladora massista. «Acá hay ocultamiento», agregó Díaz Roig.

En tanto, desde el sector financiero defendieron el accionar del Comité del FGS: «Es una práctica común que el FGS ponga plata en los fondos de inversión para inversiones específicas. No se entiende por qué el fiscal De Vedia apunta contra Axis cuando Caputo ya había vendido su parte», indicaron.

La última acta pública del Comité del FGS es del 7 de marzo de este año. El FGS tiene un Consejo de control de inversiones. En su último informe se indica que las inversiones en fondos comunes de inversión cayeron del 5,3% del total en marzo al 3,7% en junio pasado. Con todo, la suma de dinero puesto en los FCI es monumental: $ 36.674 millones. El problema es que el caso Axis indica que el FGS paga comisiones por estas operaciones cuando podría hacerlas por sus propios medios. Sin intermediarios. «

La denuncia de UFISES contra Caputo, paralizada

La denuncia de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) por el supuesto cobro de comisiones indebidas por parte de una sociedad y un banco vinculados con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, está dormida. El viernes al mediodía, Tiempo intentó averiguar si el fiscal federal Eduardo Taiano había respondido lo que, en términos procesales, se conoce como «la vista del artículo 180». Cuando un juez recibe una denuncia penal suele tomar dos actitudes: convocar al denunciante a ratificar su presentación y pedirle al fiscal que dictamine si impulsará o no la investigación.

El juez federal Luis Rodríguez recibió por sorteo la adjudicación de la denuncia del titular de la UFISES, Gabriel de Vedia, hace ocho días hábiles. La denuncia ya fue ratificada y sólo resta que el fiscal Taiano (quien, entre muchos expedientes, tiene la causa contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la compra del edificio de la calle Perón al 600 y también el expediente por la muerte de su excolega Alberto Nisman) resuelva si habrá o no investigación contra Caputo. Su opinión es decisiva: si considera que no hay razones para suponer la existencia de un delito, la causa morirá automáticamente.

Desde que la UFISES está a cargo del fiscal De Vedia, hace casi tres años, en sólo una ocasión un fiscal «desistió» de la acción: fue Carlos Stornelli, en un expediente que involucraba a la empresa de medicina prepaga OSDE. Todas las demás denuncias fueron investigadas a requerimiento de las fiscalías. Caputo y otros funcionarios, entre ellos Gustavo Marconato, Luis María Blaquier, Pedro Lacoste y Emilio Basavilbaso, están acusados por el pago de comisiones a un Fondo Común de Inversión por la compra de Lebacs por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional, cuando podían evitar esa erogación. El fondo común, y el banco que funge como depositario, el Deutsche Bank SA, aparecen vinculados con Caputo.