Denuncian que genocidas y torturadores de Malvinas acceden a beneficios de excombatientes

El Cecim La Plata y el Cevecim de Berisso y Ensensada pidieron a la legislatura bonaerense que realice un pedido de informes al gobierno bonaerense por 7000 pensiones. Denunciaron otorgamientos apócrifos y que se pone en riesgo al sistema previsional provincial.

Por Pablo Roesler - Corresponsal La Plata
29 de Abril de 2019

Ex combatientes de Malvinas de La Plata y Berisso denunciaron que, al menos, tres genocidas condenados y los militares denunciados por torturas contra soldados durante la Guerra de Malvinas reciben pensiones para ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur. Explicaron que ese beneficio se estaría otorgando de forma apócrifa a un número exagerado de personal militar y denuncian una violación al articulado da la ley, falta de controles ante la posibilidad de maniobras apócrifas que ponen en riesgo el Instituto de Previsión Social y la continuidad del beneficio. Por eso, pidieron a la Legislatura bonaerense que pida informes al gobierno de María Eugenia Vidal.

El reclamo fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerenses por los centros CEVECIM y CECIM, que advirtieron que los beneficiarios de la ley 12.006 “alcanza una cifra ‘astronómica’ que llega a las 7000 pensiones otorgadas por el Instituto de Previsión Social Provincial (I.P.S)”. La norma fue sancionada en 1998 y estaba originalmente destinada a ex soldados conscriptos que combatieron en la Guerra de 1982, pero a partir de las modificaciones incluyó a cuadros de las FF.AA por lo que el número de beneficiaros se multiplicó.

En un comunicado, el CECIM y Cevecim destacaron que entre esos militares se encuentran, por lo menos, tres represores condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Se trata del Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, condenado en el juicio “Base Naval 3 y 4″ de Mar del Plata en 2016; el Mayor Fuerzas Armadas, Higinio Rafael Robles, condenado por delitos secuestros y desapariciones en San Luis en 2015; y el sargento primero del Ejército, Juan Carlos Camicha, condenado en formosa en 2013.

Pero también están alcanzados por la Pensión Honorífica militares acusados por ex combatientes en el año 2007 por las torturas en Malvinas, causa judicial en la que a fines de año pasado la justicia de Tierra del Fuego citó a declarar a los 18 primeros imputados. La ley 12.006 aclara en forma explícita que no gozarán del beneficio si se encuentran “procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas”.

El ex combatiente y secretario de Derechos Humanos del Cecim La Plata, Ernesto Alonso, explicó que el pedido de informes se pidió en el marco del rechazo al intento de incorporar a los cuadros militares al beneficio de jubilación anticipada que tienen los ex soldados conscriptos de Malvinas.

“Los militares se enganchan en todos los beneficios que conseguimos para los colimbas, que fuimos a Malvinas por una carga pública como era la ley de Servicio Militar Obligatorio”, explicó Alonso. Y apuntó: “Los militares lo hicieron como parte de su carrera militar, que la eligieron por convicción, por interés, y que cobraron un sueldo el 2 de abril de 1982, y lo siguieron cobrando luego del 14 de junio y tienen un retiro militar”.

Los Centros de ex combatientes explicaron que la incorporación de militares a los beneficios de los ex colimbas (que en la Provincia suman 3500) elevó a 10.000 la cantidad de beneficiarios, poniendo en riesgo el erario público. “Es inexplicable que en la Provincia de Buenos Aires puedan demostar que más de 7000 militares justifiquen su domicilio anterior al 2 de Abril de 1982. Sospechamos que estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones”, explicó Alonso.

Seg{un denunciaron el Cecim y el Cevecim, por la información de la que disponen las organizaciones de ex combatientes “no hay justificación alguna para que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en la Provincia de Buenos Aires, que tendrían que demostrar para acceder al beneficio, su domicilio con anterioridad al 2 de Abril de 1982 en la Provincia”.

En ese camino, denunciaron que sospechan la existencia de “maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial”.

Por ese reclamo, el bloque de diputados de Unidad Ciudadana – FPV PJ, que preside la diputada provincial Florencia Saintout, llevará este martes el pedido de informes a la Cámara Baja.

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