Derechos de las mujeres: la Argentina rinde "examen" ante la ONU

La marcha atrás de Vidal en la adhesión al protocolo de aborto no punible y los femicidios, en el centro de la discusión.
Integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se manifestaron frente a la gobernación bonaerense.
31 de octubre de 2016

Aborto legal, derechos sexuales y reproductivos, violencia de género. Tópicos complejos, que acumulan cuentas pendientes en términos de políticas públicas, y sobre los que el Estado argentino deberá exponer mañana ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, en Ginebra, donde serán evaluados los avances en el área y también los retrocesos, algunos muy graves, como la reciente marcha atrás del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la adhesión al protocolo para la interrupción legal del embarazo.

La Argentina es uno de los países que ratificaron la Convención que busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, y es desde ese estatus que la delegación del gobierno será examinada por la comunidad global. Varias organizaciones del movimiento de mujeres participarán del encuentro en Suiza, y también estará presente Amnistía Internacional, que previamente publicó un informe en el que analiza la situación de los derechos de las mujeres en el país.

Respecto del aborto legal, el comunicado de Amnistía afirma que si bien “en la Argentina la ley permite el aborto cuando peligra la salud o vida de la mujer o en caso de violación”, en la práctica “se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido”. En efecto, sólo ocho provincias cuentan con protocolos que buscan ajustarse a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo de marzo de 2012, que reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley. Y aún en esos distritos, la implementación de los protocolos “es errática y en el último tiempo ha habido algunas iniciativas regresivas que buscan impedir la práctica”.

Para Amnistía, la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de no adherir al protocolo para la interrupción legal del embarazo que sigue las recomendaciones de la Corte, es “un grave retroceso”. Precisamente hoy, a través de la resolución 2095, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo bonaerense dejó sin efecto hoy el Protocolo para la Atención de Abortos No Punibles, aduciendo que todavía debe consultar a las áreas de Justicia, Desarrollo Social y Derechos Humanos, antes de su puesta en marcha. La ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, había firmado semanas atrás la adhesión al texto elaborado por la Nación. Pero Vidal decidió dar marcha atrás.

“El acceso a los abortos legales se ve restringido por desconocimiento del derecho vigente, la falta de información jurídica y el abuso de la objeción de conciencia; es decir por mecanismos que ejercen violencia institucional contra las mujeres”, explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El Estado debe incorporar a nivel federal y como servicio básico y obligatorio del sistema de salud las prestaciones necesarias para interrumpir embarazos en los casos contemplados por la ley vigente”.

El informe de Amnistía puntualiza que “los obstáculos al aborto legal y la amenaza de criminalización empujan a las mujeres a acudir a abortos inseguros”, e indica que esta penalización “genera estigmas, limita acceso a información y a la participación”. Cita el dramático ejemplo de Belén, la joven tucumana condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, y que liberada en agosto pasado, gracias a la presión internacional, tras permanecer más de dos años en un penal de esa provincia.

El Estado argentino también deberá exponer sobre lo hecho en relación a la problemática de la violencia machista y su manifestación extrema, los femicidios, que días atrás motivó un histórico paro de mujeres. En ese sentido, la asignación de recursos para implementar el Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sigue siendo una incógnita. “El contexto es de tal gravedad que es inconcebible que ésta no sea una política prioritaria y urgente”, cuestiona el informe de Amnistía. Para Belski, “las políticas de derechos humanos no son una prioridad para este gobierno y aquí quedará expuesto una vez más”.

Luego de este “examen” en Ginebra, está prevista la visita al país de Duvravka Simonovic, relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. La funcionaria croata Duvravka Simonovic podrá evaluar en persona, entre el 14 y el 21 de noviembre, las deudas pendientes de la Argentina en materia de lucha contra la violencia de género.

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