Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias.

La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia, ya que habrá un piso de tres por universidad y después los distribuirían según la cantidad de afectados. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que tiene 107 investigadores afectados con lugar de trabajo en institutos de distintas facultades de su órbita, sólo recibiría entre 60 y 70 cargos para incorporar investigadores, y el resto sería reubicado. Para eso, Cambiemos agrega un supuesto “incentivo de relocalización en el interior del país”.

El dato surge de un informe elaborado por la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras el encuentro del pasado 11 de julio convocado por la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica del MINCYT y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes. No fue la primera reunión. Ya el 6 de mayo la cartera conducida por Lino Barañao le había comunicado a representantes del CIN la creación de un programa que aportaría recursos económicos para crear 410 nuevos cargos docentes en universidades nacionales. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Y otros varios ya emigraron a seguir sus líneas de investigación en otros países.

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. “Mientras el Gobierno mantiene cerrado el espacio formal de negociación por esos puestos de trabajo, avanza en su intención de reubicar a la mayoría de los compañeros reincorporados, sin tener en cuenta su localidad de origen ni el proyecto de investigación que presentaron”, expresaron desde la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP).

En diálogo con Tiempo, la investigadora Guadalupe Maradei, una de las que tiene la recomendación y evaluación aprobada para ingresar al CONICET, integrante de la Red Federal de Afectados, denunció que la propuesta oficial no respeta el punto 3 del Acta Acuerdo que firmaron en diciembre para levantar la toma: “Ese punto establece que se nos va a reincorporar en CONICET, en organismos estatales de investigación o en universidades nacionales, para desarrollar tareas de investigación, según el proyecto y el lugar de trabajo que presentamos y CONICET aprobó, con un salario y un tipo de contratación (planta permanente) equivalente al cargo de investigador científico que ganamos. En cambio, el convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada de científicos”.

También denuncian otro punto: si les están ofreciendo un cargo remunerado que incluye el pago de una mudanza con crédito hipotecario, la plata está. Con menos de esos montos ya podrían estar trabajando dentro del CONICET: “En esa reestructuración hay un ajuste encubierto y una orientación hacia intereses que tienen que ver con lo privado y con un desmantelamiento del organismo”, remarcaron desde la Red Federal de Afectados. “El ingreso a la Carrera de Investigador de CONICET de los trabajadores recomendados en la convocatoria 2016 es la única salida viable”, acotan en JCP. El Acta Acuerdo también establecía reuniones mensuales de seguimiento. Sin embargo, la última fue el 11 de mayo, y el Ministerio dejó de comunicarse con los científicos.

Ajustes y proyectos

Todas las miradas recaen sobre el ajuste en Ciencia. No sólo el pasado y el presente, sino el probable en el futuro cercano. La intención para el 2018 es la de fusionar el ministerio de Ciencia dentro del de Educación y Deportes. Respecto al CONICET, su titular Alejandro Ceccatto, difundió días atrás un documento interno a los directores de los Centros Científicos Tecnológicos, que no fue aprobado por el Directorio del principal organismo de ciencia del país. En el texto se habla de “refundar” el CONICET. Sostiene que actualmente lo presupuestario “no está alineado a lo estratégico”. Admiteque en los años anteriores creció cuantitativamente la planta de investigadores, pero que ese crecimiento no fue “planificado”.

Cecatto lo dice de esta forma: “Actualmente se destina la mayor parte de esos fondos al estipendio de becas, pero si no fuera así podría destinarse a otros fines. Esto implica replantear el rol que tiene CONICET en relación con la formación de recursos humanos. A su vez surge la pregunta: ¿tiene sentido financiar la formación de doctores y desatender su seguimiento e inserción laboral?”. Se refiere a áreas estratégicas, que vendrían a ser las “productivas”, como ingeniería y sistemas, en detrimento de las ciencias sociales.

Incluso el documento incluye un apartado específico de “recursos humanos” y postula seguir el modelo de Y-TEC, de empresas tecnológicas que articulan producción con investigación. ¿De dónde saldría el apoyo económico a esas empresas? “Esos montos podrían salir de los fondos hoy asignados a becas”, expresa el documento. Es decir, no propone un aumento presupuestario, sino reasignar lo que actualmente se destina a formación.

Iniciativas parlamentarias

La principal cara del ajuste es la presupuestaria. Y como el manejo de fondos es más una decisión política que económica, el Congreso se propuso debatir proyectos que plantean aumentos para el área. La Cámara de Diputados podrá tratar en agosto un proyecto firmado por todos los bloques menos el Pro, que establece un aumento del porcentaje del PBI para Ciencia y Técnica del 1,5% en 2030. Actualmente es del 0,34%.

En el Senado otra iniciativa es más ambiciosa: busca que en 13 años llegue al 3% del PBI, lo que convertiría a la Argentina en el país que más porcentaje destina a ciencia de todo América Latina. Y en 2018 ya debería subir a 0,51%, con seguimiento de ambas Cámaras para controlar que no se subejecute. El proyecto fue rechazado por el Pro que no se presentó a tratarlo en comisiones. El senador Julio Cobos criticó que los valores planteados son irrealizables, que ni siquiera países como España lo tienen. Pero los presidentes de las comisiones le respondieron que simplemente se basaron en las propuestas de campaña de los dos candidatos presidenciales para el ballotage de 2015. Daniel Scioli (FpV) postuló en su plataforma asignar el 1% del PBI a ciencia y tecnología, mientras que Mauricio Macri prometió en campaña llevar ese mismo valor al 1,5% antes de 2019.