La CORREPI fustigó al juez Martínez de Giorgi que procesó a 22 de los 31 detenidos el 1° de septiembre en las inmediaciones de Plaza de Mayo. “Convalidó todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo”, se quejaron.
En un duro comunicado, la Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional denostó el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
que procesó a 22 de los 31 detenidos al finalizar la marcha en Plaza de Mayo,
al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, el
pasado 1° de septiembre.
Un procesamiento a la medida de Cambiemos, es el título de
un comunicado publicado por la CORREPI, cuya máxima representante es la abogada
María del Carmen Verdú, quien lleva la defensa de varios de los detenidos aquella
noche y que, tomándose más tiempo del que establece la ley, los procesó por
intimidación pública y resistencia a la autoridad.
En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y
tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la manda que el
gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el
proceso electoral, según analizaron desde CORREPI.
A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos continúa el
texto-, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene
reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos
represivos emanados del Poder Ejecutivo.
Para los abogados de este organismo, el fallo del juez se
basó únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal
quienes en realidad son los verdaderos provocadores, luego represores.
Verdú ya había adelantado que apelarán cada uno de los procesamientos
ya que las acusaciones se contradicen en las pruebas de descargo como filmaciones,
registros fílmicos y fotográficos, envío de mensajes telefónicos que
contradicen a los policías.
Consta en el expediente no sólo el modo al voleo de las
detenciones con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente
seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, también denuncias
concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la
dignidad de los detenidos. En este tramo del comunicado, la CORREPI se refiere
a los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Juan
Mourenza y Ezequiel Medone, que fueron levantados mientras hacían su trabajo.
El juez también procesó a Noemí Pianetti, Maximiliano
Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofia Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio
Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino,
Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Micael
Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Ivan
Meza.
Rápido el juez
cuando quiere
La CORREPI precisó también que el juez Martínez de Giorgi protege
a las fuerzas de seguridad que esa noche actuaron como perros de caza
hambrientos de jóvenes y luchadores populares. De acuerdo a esta hipótesis, el
magistrado da fe de un acta policial que inventa circunstancias. Nunca
investigó, se limitó a recoger la versión policial y con eso construyó un
mediocre acto procesal que sin dudas lo coloca entre los jueces predilectos a
la hora de resolver rápidamente los conflictos que permiten criminalizar a los
jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los luchadores.
En ese tramo del escrito, CORREPI recordó que se trata del mismo
juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el
empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada
por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino, esta
misma semana, por tercera vez, se declaró incompetente para facilitar la
impunidad de los socios del poder.
Los integrantes del organismo se quejaron de los millonarios
embargos que le impuso el juez a los procesados, al tiempo que convocaron a la
movilización del próximo 1° de noviembre en Plaza de Mayo.