Esta vez no fueron los números, sino las letras. La exigencia de un sector de acreedores para fortalecer sus derechos a reclamos judiciales y el pedido de extender la declaración de default a fallas burocráticas, incluso estando al día con los pagos, llevaron al gobierno a patear el tablero y mandar al freezer la negociación para el canje de bonos en dólares bajo ley extranjera.
El disgusto fue grande en el Palacio de Hacienda ante la propuesta conjunta del Ad Hoc y el Exchange, dos de los tres grupos con que viene negociando desde hace más de dos meses para cambiar algo más de U$S 66 mil millones en bonos. Tanta fue la bronca, que desde el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen se empezaron a emitir señales de que «así no hay acuerdo». Primero hubo un comunicado de rechazo y luego se prorrogó la oferta de canje no ya por una semana o por dos, como se venía haciendo, sino por más de un mes: la nueva fecha límite es el 24 de julio.
¿Cuál fue el disparador del enojo del ministro de Economía, Martín Guzmán? La pretensión de los acreedores de endurecer las cláusulas de acción colectiva al nivel que tenían los bonos de 2005, en los que el umbral de tenedores de capital a convencer para forzar una reestructuración era mucho más alto que el fijado en los títulos emitidos desde 2016. A la inversa, si se aceptara ese cambio, la cantidad de acreedores a reunir para pedir judicialmente el default sería mucho más baja que la necesaria hoy en día.
La modificación abriría la puerta a los fondos buitre (de hecho, a la cláusula se la conoce como ‘antibuitre’). Y mejoraría la condición legal de los bonistas nucleados en el grupo Ad Hoc, que poseen en su cartera grandes volúmenes de títulos emitidos por el macrismo. Allí está BlackRock, el fondo de inversión en el que se descarga la tirria oficial.
«Los nuevos bonos serán emitidos bajo documentos que fortalecen sustancialmente los derechos legales y protecciones de sus tenedores», especifica la misiva enviada a Hacienda. En particular, su Anexo IV exige «que la República publique periódicamente datos sobre su saldo de deuda pública (incluidos datos sobre deuda subsoberana y deuda de empresas estatales)». También reclama al gobierno «completar una consulta del Artículo IV del FMI cada año, y garantizar su publicación dentro de los 60 días posteriores a su aprobación por la Junta Ejecutiva del FMI». La no publicación de cualquiera de esos documentos será suficiente para declarar el default.
Esa mojada de oreja, como la leyeron en el Ejecutivo, dejó en un segundo plano las diferencias en cuanto a montos y plazos de pago, que por cierto aún subsisten. La decisión del presidente es que el valor presente de los bonos a ofrecer no supere el 50% de su capital nominal, tal como lo sugirió el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la instrucción que le bajó Alberto Fernández a Guzmán, en la larga reunión del miércoles a la noche en Olivos. La otra preocupación es evitar pagos fuertes en el corto plazo. El gobierno aceptó reducir la quita de capital a sólo 3% y dejar de lado los tres años de gracia para abonar intereses: arrancaría en 2021 con una tasa simbólica (0,125% anual) equivalente a poco más de U$S 80 millones. También accedió a entregar un bono que pagará intereses cuando las exportaciones superen el promedio móvil de los cinco años previos.
El último agregado gustó al Comité de Acreedores, integrado por los fondos ACC, Gramercy, Fintech y Oaktrees. La estructura de bonos propuesta por ese grupo, de relación más fluida con el gobierno, implica reducir giros por U$S 40 mil millones hasta 2028, cifra cercana al planteo inicial de Economía. «La propuesta pide un esfuerzo fiscal adicional de 0,02% (del PBI) entre 2020 y 2030. No habrá amortización de deuda durante el actual mandato presidencial», dice su presentación.
En cambio, el grupo liderado por BlackRock reclama intereses a devengar desde el mes que viene y un bono extra que dará dividendos según el crecimiento del PBI, supervisado por el FMI. Estas peticiones, más las exigencias legales ya apuntadas, dilatan el acuerdo.
El FMI siempre está cerca
El Fondo Monetario Internacional insistió en que sigue con atención las discusiones por el canje de la deuda argentina. Lo hizo horas después de que se conociera la amenaza del grupo Ad Hoc de recurrir a la justicia ante el virtual fracaso de las conversaciones, alegando su responsabilidad de defender a los inversores que le confiaron su dinero.
“La negociación entre las autoridades argentinas y los acreedores es una cuestión de ellos. Nosotros, por supuesto, estamos siguiendo los acontecimientos muy de cerca y esperamos que todas las partes involucradas continúen comprometidas y busquen continuar las negociaciones con la vista puesta en lograr un acuerdo”, dijo Gerry Rice, portavoz oficial del FMI.
El funcionario también desmintió la posibilidad de que Argentina pida al organismo un desembolso especial para hacer a los acreedores un pago inicial que destrabe la situación. “Que quede claro, no ha habido una solicitud de ese tipo”, señaló.
Para los acreedores, el FMI debe jugar un rol central en el escenario poscanje de deuda.
