Deuda: los bonistas, con más reparos legales que económicos

Impugnan la estrategia que permite a Economía asegurar el canje con los bonos en los que logre mayor adhesión. Guzmán los criticó: "No están entendiendo las restricciones argentinas"-

(Foto: AFP)
21 de julio de 2020

Los grupos de bonistas que negocian con el gobierno volvieron a impugnar la táctica legal para incrementar los niveles de adhesión al canje propuesto y convertirlo en obligatorio. El documento conjunto presentado este martes por los tres nucleamientos (Ad Hoc, Exchange y Comité de Acreedores) busca garantías de que no se les aplicará el sistema de redesignación, además de otros beneficios.

El cuestionado mecanismo faculta al Ministerio de Economía, una vez finalizado el período para sumarse a la operación, a retirar de la oferta aquellos bonos en los que la aceptación a la propuesta haya sido menor. Así, con un universo de títulos a renegociar más pequeño, el nivel de adhesión crecería y eso permitiría alcanzar umbrales mínimos que extienden el canje incluso a aquellos que no hubieran dado su conformidad.

“Los contratos de 2016 y 2005 y los términos de los nuevos bonos deberán incluir una restricción en la redesignación”, dice el anexo III de la propuesta. Allí se hace referencia tanto a los papeles emitidos bajo legislación extranjera que el gobierno intenta reestructurar (y que suman algo más de U$S 66 mil millones) como a los instrumentos con los que se intenta reemplazarlos. Un párrafo más abajo se pide una “restricción calificada en la agregación”. Esos condicionamientos limitarían el poder de maniobra del Ejecutivo y por ende reforzarían el margen con que cuentan los acreedores para imponer sus pretensiones. De la misma manera se insiste en dejar asentada la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que haría extensiva de manera automática a los tenedores de los nuevos bonos la introducción de cualquier cambio favorable en otros instrumentos por el término de cinco años.

La redesignación es una carta fuerte que se guarda el ministro de Economía, Martín Guzmán, para asegurar el éxito de la negociación. Por eso en el Palacio de Hacienda no causó gracia el reclamo, como tampoco que a dos de los grupos más radicalizados de bonistas se hayan sumado los restos del Comité de Acreedores. Este último sector se desgajó, tal como habían buscado desde Hacienda. Varios de los fondos de inversión que lo integraban, como Greylock, Fintech y Gramercy, ya dieron señales de que aceptarán el canje. Pero el resto se sumó al Ad Hoc y al Exchange, los que más trabas ponen a un acuerdo.

Guzmán los fustigó en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias. “Es un grupo de acreedores que no está entendiendo cuáles son las restricciones argentinas. Esperemos que se tomen un tiempo para reflexionar. Hay muchos acreedores que sí están aceptando”, dijo el ministro. También rechazó las nuevas exigencias económicas, que incluyen una suba en el interés promedio de los cupones al 3,4% anual. “Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. No queremos comprometernos con pagos que le impidan a la Argentina llevar adelante todas las políticas públicas para desarrollarse”, declaró el funcionario.

Según la consultora EcoGo, el valor presente neto reclamado por los bonistas es en promedio de 56,5 dólares por cada 100 de valor nominal. La diferencia en ese método contable (que valoriza al momento actual todos los flujos de dinero prometidos para el futuro) con los 53,5 de la última oferta oficial radica principalmente en el bono que se entregaría para compensar los intereses devengados entre la última liquidación y el 22 de abril, fecha en que se propuso la reestructuración. Los bonistas piden llevar ese plazo al 4 de septiembre, para cobrar cinco meses más de intereses, incentivo que el gobierno contemplaba sólo para los que adhirieran de manera temprana al canje. Además, el documento reclama que ese papel pague el 4,9% anual de intereses, en vez del 1% propuesto. Sin embargo, la posición del Ejecutivo es firme. “No podemos hacer nada más. Cualquier otra cosa pondría en riesgo nuestra posibilidad de pagar la deuda y yo no quiero estafar a nadie”, dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista concedida hace pocos días al diario Financial Times.

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