Día Internacional de Los Pueblos Originarios: sin celebración y con preocupación

En Argentina la fecha llega con represión, presos políticos, y el peligroso vencimiento de una ley clave para la protección del territorio indígena que debe renovarse en el Congreso.
6 de Septiembre de 2017

Todos los 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, la fecha se relaciona con el establecimiento de un marco universal de normas básicas, dictado por la ONU, que promueven los derechos de estos pueblos en relación con sus tradiciones y culturas.

La reforma de la Constitución argentina del año 1994, en el artículo 75, determina la “preexistencia étnica y cultural” de los pueblos indígenas locales y agrega que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Por muchas razones, este 9 de agosto, hay más causas para preocuparse que para celebrar, ya que se está retrocediendo en varios frentes. La poca visibilidad de las realidades de los pueblos aborígenes llega al punto que en Santa Victoria Este, Salta, murieron 26 personas en 23 días que van de enero a febrero de este año, 21 de ellas eran niños menores de dos años, entre ellos, 12 bebés que nacieron muertos por enfermedades de las madres. Todas esas muertes que no fueron informadas por los medios hegemónicos tenían causas evitables ya que se debieron a falta de atención básica de salud. Insólitamente, desde el gobierno provincial se le echó la culpa a la propia comunidad.

Otra de las causas que hacen de este día una jornada de lucha es la persecución y encarcelamiento de referentes de comunidades que luchan por su tierra, la última gran represión a la comunidad mapuche la Pu Lof Resistencia de Cushamen –en un operativo con más de cien gendarmes, de los que se desprendi{o un grupo de unos cuarenta que penetraron en tierras de la comunidad sin orden judicial con el argumento de que les tiraban piedras– dejó como temible saldo un detenido desaparecido, Santiago Maldonado, que se encontraba en la comunidad para compartir con ellos los festejos de agosto, mes de la Pachamama, y apoyando los reclamos de esa comunidad.

Este año, además, se suma el reclamo por la prisión de varios referentes aborígenes presos, entre los que se destacan el mapuche Facundo Huala Jones en Chubut y el wichi Agustín Santillán, detenido en la cárcel formoseña de Las Lomitas. Según denuncian las comunidades y organizaciones de Derechos Humanos, todas estas persecuciones están destinadas a intimidar a las poblaciones en el reclamo por sus tierras, en manos de terratenientes o de empresas transnacionales.

Hasta el momento, el gobierno nacional se ha dedicado a lanzar una operación mediática tras otra con el objetivo de transformar a los aborígenes en enemigos internos. Detrás de esta campaña, se encuentra la prórroga de la ley 26.160 de la que se habla más adelante. La campaña mediática encabezada por la ministra Patricia Bullrich y sostenida por varios medios de comunicación intenta instalar la existencia de “grupos terroristas”, etiqueta con la que se pretende dar curso a la Ley antiterrorista sancionada en 2007. El Día Internacional de los Pueblos Originarios se presenta como una fecha para visibilizar nuevamente la realidad de las comunidades, nuevamente estigmatizadas y atacadas como si se trataran de enemigos internos y no de una población que aún lucha por el reconocimiento de sus derechos constitucionales.

Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160

Otro punto de alta preocupación es el vencimiento de la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades. Esta es una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. La norma además de frenar los desalojos de las tierras, establece la realización del relevamiento de la situación en que se encuentran.

A más de diez años, sólo se ha relevado cerca del 30 por ciento de los territorios, por eso se torna imprescindible una prórroga de dicha ley. Sin embargo, el gobierno del presidente Mauricio Macri la gambetea y aún no ha confirmado la renovación, considerada como un imperativo de Derechos Humanos por Amnistía Internacional.

A pesar de que la ley no reconoce ni avanza en la titulación de tierras, es un paso relevante para que las comunidades indígenas identifiquen su territorio y luego puedan aspirar a obtener los títulos de propiedad colectiva correspondientes. Este salto de la cartografía a la titulación es una de las patas flojas de esta ley.

Diversas organizaciones están juntando firmas para presentar un petitorio, al que se accede por este link, para que dicha prorroga, que puede leerse en este otro link, sea tratada en el Congreso. El escrito busca la asignación de los recursos necesarios para llevar adelante los relevamientos, la garantía la suspensión de los desalojos, la participación de las comunidades indígenas en los relevamientos y el respeto por sus derechos y costumbres.

Entre las organizaciones que participan de este reclamo Amnistía Internacional Argentina, CELS, Servicio de Paz y Justicia, Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Confederación Mapuche.

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