Duro informe de la ONU sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela

El informe de la Alta Comisionada para los DDHH fue rechazado por parcial y fallas metodológicas por parte de la Cancillería bolivariana.

(Foto: AFP)
5 de Julio de 2019

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) de la ONU, encabezada por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, emitió un duro documento en el que denuncia graves vulneraciones de derechos y persecución política en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro rápidamente lo rechazó por “parcial y lleno de graves errores metodológicos”.

Este viernes, el presidente Maduro ordenó la liberación de la jueza María Afiuni (presa desde 2009) y otras 19 personas detenidas en manifestaciones contra el gobierno, por solicitud de la alta comisionada Michelle Bachelet, confirmó el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jorge Valero.

El informe de la Acnudh expresa que en los últimos diez años y especialmente desde 2016 –cuando se ha declarado el estado de excepción– el gobierno ha implementado una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. En esta línea el documento denuncia que se ha aumentado la militarización “y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”. El escrito menciona que esa situación –sumada al menoscabo de las instituciones públicas y independencia del poder judicial “ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos (...) especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política (…) Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”.

De todos modos el informe rescata que “en 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones”, aunque hace una apostilla sobre un “presunto” uso excesivo de la fuerza con la finalidad de infundir miedo en determinadas manifestaciones políticas.

A partir del informe, que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la grave situación económica en Venezuela y en otros ocho países, insta al gobierno de venezolano a tomar urgentes medidas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que, asegura, suceden en el país caribeño.

“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, expresó Michelle Bachelet luego de su visita entre el 19 y el 21 de junio.

El gobierno de Maduro salió este viernes al cruce del informe por presentar una visión “selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”. El informe del gobierno cuestiona fuertemente la metodología utilizada para la elaboración del informe de la Acnudh, dado que “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial” y hace hincapié en que “el 82% de las entrevistas utilizadas por la Acnudh para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

Asimismo, el documento de la Cancillería bolivariana señala como una falta grave del informe es la omisión de la "guerra económica" como justificación de la crisis que atraviesa el país.

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