Doce provincias pidieron el cese de la represión a la comunidad mapuche

Los secretarios de DD HH de esos distritos sugirieron la intervención de la CIDH ante los graves hechos de violencia en la Patagonia.
27 de Noviembre de 2017

Ante los graves hechos de violencia contra la comunidad mapuche, los secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, San Juan, Chaco y Misiones reclamaron el “cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi”.

El texto circuló este domingo entre los funcionarios y fue revelado por el portal LetraP tras la muerte de Rafael Nahuel en medio de la represión de Prefectura. Allí se manifestaron "sorprendidos por hechos gravísimos de represión por parte de fuerzas federales -esta vez en la zona de Lago Mascardi, provincia de Río Negro-, contra una Comunidad Mapuche asentada hace tiempo en ese territorio, con la consecuencia, más grave aún, de la muerte de una persona perteneciente a la comunidad reprimida".

Los secretarios de derechos humanos pidieron a su par de nación, Claudio Avruj, que intervenga “para exigir el esclarecimiento del hecho y la pronta investigación de las responsabilidades de las autoridades, como así también proteger y brindar garantías a la Comunidad Mapuche víctima de la represión, especialmente en lo concerniente a la integridad física y la atención medica de los miembros de la misma".

Reclamaron, además, que le solicite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "el cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi".

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Los funcionarios advirtieron sobre la posible intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la gravedad de la situación para que realice “una acción particular de evaluación, protección y seguimiento de la sistemática persecución a comunidades mapuche en la región de la Patagonia Argentina".

Pusieron el foco principalmente en el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad “que es lesivo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, más cercano a un Estado policial que a un Estado democrático y republicano".

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