Los desplazamientos forzados en Colombia crecieron dramáticamente en el primer semestre de 2018, según registró la Defensoría del Pueblo de ese país, que consignó que entre enero y junio pasados el organismo dio cuenta de 55 eventos de desplazamientos internos que afectaron a «17.825 personas (5262 familias)» en once departamentos, por causa de la violencia armada. Esta cifra supera en un 40% a lo contabilizado en todo 2017 y es la mayor desde la firma del acuerdo de paz en 2016, en un contexto de masacres contra líderes sociales y campesinos que no cesan, producto en parte del incumplimiento de cláusulas establecidas en el tratado signado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Defensoría mencionó también que 11.213 personas vienen padeciendo el confinamiento, es decir que por el conflicto «ven restringidos sus derechos al acceso a movilizarse”.
La crisis motivó un hecho inédito: que el presidente electo Iván Duque se presentara en la Defensoría y se comprometiera a «evitar este tipo de situaciones lamentables». El encuentro se produjo el viernes, días después de que el organismo revelara los nuevos datos. «Esto es histórico, ya que es la primera vez que viene un presidente a la Defensoría a escuchar qué está pasando con los DD HH y los líderes sociales», señaló el Defensor, Carlos Alfonso Negret. «Vamos a trabajar conjuntamente para evitar el asesinato de los líderes, para trabajar por las comunidades indígenas y campesinas, y para que no se produzca ni una violación más a los Derechos Humanos en Colombia», aseguró.
Duque, quien asumirá el próximo 7 de agosto, llegó de la mano del partido de extrema derecha del expresidente Álvaro Uribe, quien supo también prohijar al saliente Santos. Su fuerza política se caracterizó por rechazar el acuerdo de paz y lograr aquel «no» en la consulta popular que obligó a revisar el acuerdo y replantear algunas cláusulas. Más allá del gesto del mandatario electo, los sectores progresistas y vinculados con los Derechos Humanos no esperaban que la política en este sentido fuera favorable para quienes más quedaron desprotegidos tras la desmilitarización de las FARC y el retiro de regiones que hoy están siendo ocupadas por el narcotráfico y los paramilitares, debido a la falta de acción del gobierno. «Hay un vacío de poder, donde el gobierno de Santos no actúa porque está de salida, y el nuevo gobierno tampoco porque aún no asume», resumió a Tiempo Rodrigo Rojas, activo militante por la paz.
Hace unas semanas, esta sección informaba que en lo que va del año hubo más de 120 asesinatos a dirigentes y más de 310 desde que se firmó el acuerdo. Ambas situaciones reflejan la crisis de un país que está segundo en la lista de naciones con más desplazados internos, por detrás de Siria (12 millones), según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Curiosamente, el gobierno colombiano pidió ayuda humanitaria a la Argentina para atender, con una misión de Cascos Blancos que actúa en Cúcuta, a venezolanos que cruzan la frontera, en lugar de activar un acuerdo impulsado por la anterior gestión argentina para colaborar en la crisis interna que lleva más de cinco décadas. «
