El ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, presentará en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2018 prevé un crecimiento económico en torno al 3,5%, una inflación del 10%, un déficit fiscal del 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y nuevos recortes de subsidios a tarifas de servicios públicos.

Si bien el Gobierno presentó el proyecto, como lo establece la ley de Contabilidad, la iniciativa de gastos y recursos para el año próximo recién se votará en diciembre cuando se produzca la renovación de la cámara baja ya que el oficialismo confía en sumar a su bloque una veintena de diputados, informaron fuentes parlamentarias.

La presentación de la iniciativa de gastos y recursos la hará Dujvone a las 13 en una reunión plenaria de la comisión de Presupuesto, que conduce el macrista Luciano Laspína, que se efectuará en el Salón «Delia Parodi» y que contará con la presencia del presidente de la Cámara Emilio Monzó, autoridades del bloque y de diputados opositores.

De esta forma el ministro concurrirá por segunda día consecutivo al Congreso, ya que estuvo en el Senado donde presentó el proyecto de Responsabilidad Fiscal, basado en el acuerdo por el que 22 provincias se comprometen a no aumentar el gasto público en el 2018.

Además el Gobierno deberá enviar en los próximos días los proyectos de prórroga de un conjunto de impuestos que vencen a fin de año, entre los que figura la ley del cheque -el tercero en nivel de recaudación- y sobre el cual siempre hay discusiones entre Nación y Provincias ya que sólo se coparticipa un 30 por ciento.

Uno de los datos centrales será el aumento del presupuesto en obras de infraestructura, según anunció el miércoles pasado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien señaló que “el año que viene la inversión en infraestructura va a aumentar un 50 por ciento en términos reales” y representará

Otro punto esencial de la ley de gastos y recursos es el déficit fiscal que el Poder Ejecutivo aspira a reducir del 4,2% del PBI para llevarlo al 3,2%.

En este sentido, el proyecto de ley contempla seguir con la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos, en especial aquellas que corresponden a grandes contribuyentes, además de mantener el gasto público en forma constante en términos reales.