El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este sábado que fijará contribuciones sociales a los sectores de mayor poder adquisitivo para afrontar el impacto sanitario y económico del coronavirus. Debido al manejo de la crisis sanitaria, Ecuador vive una tragedia sin precedentes, en la que las familias pobres deben convivir con familiares muertos por días hasta conseguir que lo retiren del domicilio. Los ataúdes han más que triplicado su precio por lo que comenzaron a utilizarse unos de cartón para aquellos que no puedan pagarse un cajón de madera. Hasta el viernes los infectados trepaban a  7.100 casos, y casi 300 muertos a los que se suma una cantidad similar de fallecidos probablemente por Covid-19.

Moreno, en un mensaje a la población por radio y tevé, eligió primero echar culpas al expresidente Rafael Correa de la desesperada situación económica que atraviesa su país, luego dijo que se fijará una contribución del 5% a las empresas que han obtenido ganancias superiores al millón de dólares al año, y que ese aporte se recaudará en tres pagos mensuales. Con esa financiación de «empresas para empresas», los pequeños y medianos negocios podrán obtener recursos para poder seguir funcionando y no despidan a sus empleados, agregó el mandatario. Se trata de 781 compañías ecuatorianas las que superaron el millón de dólares de ganancias en 2019. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, precisó, luego, en una conferencia de prensa, que este aporte rondará los 500 millones de dólares.

Además, el gobernante ecuatoriano anunció que fijó una contribución de «ciudadanos para ciudadanos», para que empleados y trabajadores que ganen desde los 500 dólares, es decir cien dólares más que el salario básico hagan aportes durante los próximos nueve meses, mientras que quienes no superan ese básico serán exceptuados de hacer aportes. De este modo, los ciudadanos que perciban salarios de 500 dólares mensuales aportarán dos dólares, mientras que para los que ganen 50.000 dólares mensuales la contribución será de 4.400 dólares.

El paquete de medidas busca saldar el déficit que arrastraban las arcas ecuatorianas desde antes de comenzar la crisis el pasado 29 de febrero, con el primer contagio, y que se ha agravado por la recesión económica y comercial del país desde el 16 de marzo, cuando el gobierno decretó el estado de excepción sanitario. Lenin Moreno es reconocido por llevar nuevamente a Ecuador a la senda del neoliberalismo y lanzar una cacería político-judicial contra Rafael Correa y sus aliados. El lawfer consiguió ya que lo castigaran con 8 años de prisión y, casi más importante para ellos, 25 años de inhabilitación de la actividad política.

En el caso de las medidas anunciadas el viernes, que casi inmediatamente fueron rechazados por varios empresarios. Los costos por los nuevos insumos médicos y gastos hospitalarios, sumado a otros necesarios para contener la propagación del virus, han obligado al gobierno a recurrir a un mayor endeudamiento.

En este sentido, Moreno incluyó en el plan una estrategia de renegociación de la deuda externa, que supera los 65.000 millones de dólares, que incluye un pedido a los acreedores para diferir los pagos de bonos de próximo vencimiento. Esta programación financiera, añadió el presidente, permitirá financiar la creación de una «Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria» para proteger la salud y el empleo de los ecuatorianos, sobre todo de los más pobres. Esta cuenta no sería administrada por el gobierno, sino “por la sociedad civil”, según dijo, aunque no precisó quiénes se encargarán de administrar esos fondos, destinados a asegurar «la salud, el alimento y el empleo».

El plan, aseguró el mandatario, busca enfrentar la «triple emergencia» que sufre el país: «sanitaria, económica y social», para sostener y atender a unas dos millones de familias pobres del país, aseguró el mandatario. Moreno pidió a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) que emita normativas para que ninguna persona pueda ser desalojada de su vivienda durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y hasta 60 días después, pese a que no hayan pagado la renta.

En este sentido, sugirió que se propugnen acuerdos entre los propietarios de las viviendas y quienes las arriendan sobre formas y plazos del pago de la renta en mora. Además, le pidió a Parlamento que amplíe a noventa días la cobertura de salud a las personas que se queden sin empleo por la crisis y que se agilice el cobro del seguro social de desempleo y anunció la entrega de ayudas a familias pobres para aliviar la carga de las pensiones escolares.